La argumentación más extendida de los que se oponen a la desaparición del efectivo se basa en que facilitaría la intromisión del Estado y de los bancos en la vida de las personas. Estoy de acuerdo en que es un tema muy importante.
Como ya hemos visto, un mundo de pagos más transparente perjudica, sobre todo, a los “malos”. Ahora bien, el chorro de luz para matar a las especies malignas que viven en la oscuridad de los billetes, debe graduarse para evitar daños a la parte sana de la sociedad. La privacidad es el aspecto más importante a proteger. Para ello, hay que trabajar en dos líneas.
Primero, hay que cuidar la diversidad. Los Estados, a través de incentivos económicos y de las autoridades que velan por mantener niveles adecuados de competencia, deben garantizar que no se produzca una excesiva concentración entre los proveedores de servicios vinculados a los sistemas de pago.
- Emisores de tarjetas. Un mercado en que los bancos ya conviven con empresas especializadas en estos servicios. Algunos emisores pueden ser grandes comercios o asociaciones de ellos que faciliten una cuenta de crédito. Algo tan antiguo como el comercio, las tarjetas de crédito no las inventaron los bancos sino los grandes almacenes de EEUU hace casi 100 años. Si el emisor no es el propio banco del usuario, la entidad donde radica la cuenta no tiene información sobre el desglose de gastos, que conoce sólo el que gestiona el instrumento de pago, que, a su vez, no dispone de los otros datos de la cuenta, con lo que la visión de cada uno sobre cómo opera su cliente es limitada.
- Redes de intercambio. Es conveniente desarrollar nuevos sistemas a los que puedan asociarse los impulsores de sistemas de pago, abriendo el duopolio Visa-MasterCard. Podrían fomentarse redes para la zona euro, que compitieran con los dos gigantes americanos.
- Soportes. La recomendación es que las personas puedan mantener medios de pago en soportesespecíficos, pues incluir todas las opciones dentro de un móvil es más cómodo, pero añade otros potenciales “supervisores” a través del propio teléfono, el GPS y las redes de telefonía.
El segundo pilar para proteger la privacidad de los ciudadanos en los pagos radica en un marco legal disuasorio. Ya hay experiencias en ello, pero es muy importante regular con precisión el acceso a datos de pagos por parte de los organismos del Estado, fundamentalmente la policía (incluidos los servicios secretos) y la inspección de Hacienda, que necesitarían siempre de un mandato judicial, específico y limitado al fin concreto para el que se solicita el acceso. Se trata de que los sistemas de pago sean auditables, cuando sea preciso, pero no transparentes para nadie.
El problema seguirá estando en los países autoritarios que acaparen información de los ciudadanos para controlar sus vidas. Será difícil de evitar, porque lo harán de todas formas, haya o no billetes. La manera de combatir este problema es otra: presionando con sanciones internacionales por no respetar los derechos humanos o, incluso, promoviendo medios de pago opacos limitados a esos países.
No se dejen engañar por razonamientos biempensantes, a veces excesivamente simples, sobre la defensa de derechos abstractos. Hay que entrar en los detalles. Las soluciones modernas están ahí y nadie las puede parar. La imprenta es de otra época, hay países avanzados que ya han decidido eliminar los billetes. Se trata de hacer una buena transición, que aproveche las grandes posibilidades de que disponemos para mejorar la vida humana, garantice un marco legal y competitivo donde la tecnología no suponga un riesgo grave para los derechos de los ciudadanos y que también evite excluir del proceso a partes vulnerables de la sociedad (tema sobre el que volveré).
En resumen, para proteger la privacidad de las personas, deberemos apoyarnos en las normas sobre competencia y privacidad de datos, que habrá que ir adaptando conforme avance el proceso. Los que, de buena fe, se oponen a intentar la transición que se propone, hacia una Europa sin billetes, deben considerar el aspecto ético al que nos referíamos en la entrada anterior, porque están ofreciendo apoyo indirecto a personas y organizaciones que causan cientos de miles de millones de pérdidas en los Estados europeos, miles de muertos e inasumibles situaciones de explotación de personas indefensas.