En este blog hemos puesto el ejemplo, que figura en mi libro, de la venta de armas en EEUU, como caso que refleja lo difícil que es obligar a comportarse de forma razonable a los que tienen un lobby potente y ganan mucho dinero con sus privilegios. En nuestro país la principal munición del poder económico no son las balas sino los pagarés a plazos increíbles (180, 240 ó 300 días) con los que algunas grandes empresas disparan a sus proveedores. Reconozcamos que es un caso menos sangriento, pero los daños que causa a la estructura productiva son incluso peores.
Para luchar contra esta rémora se creó hace diez años la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad, que agrupa a cientos de miles de autónomos y pymes y con la que he tenido el privilegio de colaborar. La PMCM encabeza un proceso que puede ayudar a democratizar el poder económico en España.
Ellos consiguieron que en 2010 se publicara una ley de medidas contra la morosidad, que prohibía plazos de pago superiores a 60 días y declaraba nulos los pactos en contrario. Pero no hay un reglamento sancionador, como el que tiene los principales países europeos, Reino Unido ha sido el último, hace un par de meses, en incorporarse al grupo de los que han establecido sanciones a los que pagan tarde. Aquí los grandes morosos siguen campando a sus anchas. Incumplen la ley pero no les pasa nada.
Toleramos con demasiada naturalidad las malas prácticas de pagos, que, sin embargo, son una de las principales razones de nuestro escaso desarrollo industrial y de que no contemos con una base importante de medianas empresas de la que luego surgen grandes campeones. Estas dos características son las peores que tenemos si comparamos nuestra estructura productiva con un país como Alemania.
Cuando un autónomo o una pyme cobra a plazos largos, además del aumento de gastos financieros que le supone, necesita que una parte excesiva de sus siempre escasos recursos permanentes esté prisionera, financiando el activo circulante. Esto impide que tenga capacidad de invertir, por ejemplo en instalaciones, pero también en investigación. Los plazos de pago tramposos son una de las razones relevantes de que en España haya poca investigación privada. Son temas muy importantes.
La ley 15/2010 prohíbe taxativamente pagar a los proveedores a más de 60 días, pero, aunque no consiguió que mejorara mucho la situación, al menos obligó a las compañías de auditoría a publicar en sus informes el pazo medio de pago de las empresas auditadas. Sabemos que el plazo medio de pago de las empresas del Ibex en el 2018 fue de 169 días. Si acataran lo que dice la ley ese plazo sería una tercera parte y España estaría más cerca de ser tan competitiva como sus socios europeos más importantes.
Sectores como el comercio (grandes distribuidores) o construcción tiene plazos medios de pago de más 250 días. A los poderosos no les importa la legalidad, siguen financiándose a base de oprimir a sus pequeños y medianos proveedores. Alguno de ellos tendría que cerrar si se viera obligado a pagar dentro del límite legal.
Si tenéis interés por este tema, encontraréis mucha información en la web www.pmcm.es. La lucha de esta organización contra los poderosos no es fácil porque estos dominan las estructuras patronales tradicionales y financian medios de comunicación y partidos políticos. Pero los afectados por este atraco son muchos, son sociedad civil que lucha para que el país vaya mejor. Lo van a conseguir, de entrada ya han logrado que los principales medios hablen del tema que, hasta hace poco, estaba oculto debajo de la alfombra