El Gobierno ha indultado a los responsables del procés y se teme una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anule la condena decidida en su momento por nuestro Tribunal Supremo. Entra en juego el Tribunal de Cuentas, cuya presidencia toca renovar el próximo día 17, para lo que hacen falta la aprobación por un mínimo de tres quintos de congresistas . Los votos del PP son necesarios y el partido se niega a negociar el relevo porque no quiere perder su mayoría de consejeros favorables. Como pasa con el Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial.
El Tribunal de Cuentas es una instancia necesaria para supervisar el buen uso del dinero público, pero susceptible de ser empleado como plataforma política en un país que tiene graves problemas para asimilar la diversidad de algunas de sus partes. En el aparato central de políticos y funcionarios, temerosos de perder competencias si su modelo de España se flexibiliza demasiado, anida la voluntad de aplicar castigo ejemplar a los “secesionistas” y compañeros de viaje.
El partido que orienta la actuación del alto tribunal y quiere seguir haciéndolo a toda costa acumula casos de abusos de cargos públicos para el beneficio propio. Los procesados por estas prácticas provienen, casi todos, de la presidencia de José María Aznar, inspirador de la línea del partido más próxima a Vox. Un Presidente de Gobierno que nos metió en la Guerra de Irak, sin respaldo de la ONU ni de la UE, para salir en una foto de “estadistas”. La decisión costó vidas de soldados y millones de euros, pero no pareció preocupar al Tribunal de Cuentas, del que es consejero Manuel Aznar hermano de José María y al que toca sustituir este año en un organismo trufado de parientes de sus dirigentes (100 en un total de poco más de 700 empleados según una información de 2014), algo típico en la capital . Al fin y al cabo, la invasión de Irak había sido aprobada por un parlamento en Madrid, no en Barcelona, donde, según ellos, no tienen competencias para actuar en el extranjero, aunque cueste poco y no haya muertos.
Por mucho que algunos políticos nacionalistas hayan hecho y sigan haciendo cosas muy criticables, parece que el Tribunal de Cuentas se está propasando con ellos, llevado por una voluntad “reparadora” de base política. Que el principal partido de la oposición se niegue a renovar sus cargos le resta mucha credibilidad y eso, además de la injusticia que puede ser para personas honradas que temen que sus patrimonios sean incautados, es un problema para la respetabilidad de nuestro estado de derecho. Es muy probable que instancias europeas vuelvan a echar para atrás los excesos inducidos por políticos que creen poco en las instituciones que dicen defender, salvo para imponer sus ideas y colocar a sus parientes.
Las causas que erosionan el funcionamiento de la democracia en muchos lugares tienen que ver con el marco económico y social de la globalización , como veíamos la semana pasada. Proceso más tenso en países donde el estado nación tiene fisuras . En el libro y en el blog (entrada 17/10/20) se proponen líneas para desbloquear la necesaria renovación periódica de los órganos de supervisión y control del Estado, recurriendo a algún tipo de sorteo estructurado, en caso de no haber resultados de consenso en un plazo razonable. Pero el propio bloqueo político que padecemos hace poco posible que se puedan mejorar las leyes orgánicas que los regulan aquí.