El principal problema que hubo en la gestión de esta crisis sanitaria fue no aislar Madrid en el primer momento en que se detectó el importante foco de COVID-19 que tenían (entrada 12/3). Un error que ha costado miles de muertos. El peor emisor de contagios cayó en la ciudad más grande y mejor comunicada.
Lo lógico es que el principal núcleo de la epidemia sea el más vigilado y al que haya que exigirle requisitos más estrictos para volver a la normalidad. Pero al Gobierno Regional de Madrid no le gusta quedarse atrás y querrían pasar a la primera fase de la desescalada, junto a las CCAA que tienen mejores condiciones de salud y de infraestructura sanitaria.
En una ciudad donde hay cantidad de buenos profesionales se proponen decisiones en graves asuntos de salud sin respetar el criterio del más prudente (entrada del 21/3). Cuando se hace eso y no se acierta, la consecuencia es la pérdida de vidas humanas. Unos políticos que muestran afición a la cultura-espectáculo (fiestas de cierre de hospital de campaña sin guardar protocolos, funeral en la catedral, homenajes y lutos diversos…) impusieron su criterio a la persona responsable, la directora de Salud Pública de Madrid, que consideraba que la Comunidad debería dejar pasar algún tiempo más antes de entrar en la primera fase del desconfinamiento.
Les cuesta valorar problemas complejos de forma selectiva y precisa. Si lo hicieran, quizá podrían pasar a la primera fase algunas zonas de la región y otras no, como hacen en Cataluña. Pero no, al parecer, la cultura local tiende al café para todos: el Gobierno Central trabaja con provincias, que no han servido para nada, el de la Comunidad de Madrid, ahora y al principio de la crisis, emplea el todos a una.
Quiero dejar constancia de mi agradecimiento al rigor profesional de Yolanda Fuentes, la ya exdirectora de Salud Pública de Madrid, por intentar proteger la salud de los madrileños y, con ellos, la de todos los españoles. Creo que su postura, junto a la preocupación de la Generalitat por controlar mejor lo que pasa con la epidemia en el área metropolitana de Barcelona, han ayudado a que el Gobierno del Estado haya rechazado una medida que parecía precipitada.
En cualquier país serio, los políticos que toman una decisión en asuntos de vida y muerte contra el criterio del responsable profesional saben que, si se equivocan, acaban en la cárcel. Aquí siempre tienen el recurso de llorar y arrepentirse, para que les demos la absolución (entrada del 29/4). Afortunadamente el Ministerio de Sanidad ha asimilado sus errores iniciales con la capital y, esta vez sí, ha optado por la prudencia.
Siempre he sido partidario y así lo manifesté en al menos uno de mis primeros comentarios en este blog refiriéndome a la gestión de la crisis derivada del Covid.19, que en las prevenciones/actuaciones sanitarias en general, y en particular ante una de la envergadura de la que venimos padeciendo, los criterios de los expertos en la materia son los que deben prevalecer y de hecho así viene sucediendo. El «mando único» que se supone debería asumir la responsabilidad arrogada en aplicación de estado de alarma nacional propuesto por el Gobierno Central y aprobado y confirmado por el Parlamento, lo hizo en menos ocasiones y con peor fortuna de la que le es exigible. En la ocasión que aquí es objeto de comentario ejerció su competencia, oídas otras opiniones legítimamente no coincidentes, pues siendo de obligado cumplimiento la decisión adoptada por quien corresponde, no lo es la opinión no coincidente de quienes, en cualquier caso, por obligación y devoción han acreditado un absoluto compromiso (como no puede ser de otro modo) con el logro de los indeclinables objetivos comunes. No veo pues ni la necesidad ni la utilidad de lagrimas, arrepentimientos ni absoluciones, más allá de la sensibilidad de cada uno, que me parecen deberían merecer el respeto de todos.
No censuro, pues, lo resuelto en este caso por el «mando único», que para eso está, pero si su probada falta de diligencia, eficiencia y eficacia en otros estadios de la crisis, agravada por evidentes imprudencias, falta de previsión, incapacidad de gestión y consiguiente desamparo, entre otros, del personal sanitario que luchó heroicamente en primera fila, con los costos de todo tipo bien conocidos por quienes no hayan tomado la decisión de ignorarlos.
Al no haber reconocimiento, no es presumible el arrepentimiento y por ello ni la absolución en lo «divino» ni en lo humano.
Claro que la memoria es frágil y los criterios tornadizos.