En respuesta a un recurso de Vox, el Tribunal Constitucional, en su última sesión antes de ser relevados sus miembros, anuló el segundo decreto de estado de alarma, vigente entre los pasados 9 de noviembre y 9 de mayo. La sentencia fue aprobada por los votos de seis jueces elegidos por el PP, contra el criterio de los otros cuatro (un conservador y tres nombrados por el PSOE). De los dos temas que toca la sentencia, el plazo de la norma, considerado excesivo, y la cesión de competencias a las CCAA para aplicarla en sus territorios, me interesa este último, porque refleja las tensiones que genera nuestro modelo territorial y la visión de los que toman decisiones.
Las competencias sobre sanidad están transferidas a las CCAA desde hace años, cosa que no ocurría cuando se reguló el estado de alarma en 1981, alguna comunidad ni siquiera estaba constituida entonces. El Gobierno central no tiene atribuciones reales sobre la materia, lo lógico es que la gestión recaiga, de forma coordinada, en los que tienen medios para enfrentarse a una crisis tan grave que afectó de forma diferente a diversas zonas. Otra ventaja de la descentralización es que, ante una situación de gran incertidumbre y realidades dispares, se pueden copiar los procedimientos de éxito y rechazar los que no han funcionado. Añade flexibilidad frente a la rigidez del mando único.
Estas reflexiones ya provocaron varias entradas en el blog en la primera etapa de lucha contra la pandemia, cuando se observó mucha torpeza y poca eficacia. Advertía que los modelos federales habían respondido mejor en esa etapa (23/4/20, Alemania lo hace mejor que Francia porque es federal, en que reproducía un editorial de Le Monde en esa línea). Mientras nuestro Gobierno tomaba las decisiones como le gusta al actual Constitucional. Me metí con ello de forma directa (27/4/20 Manda Madrid, renacen las provincias) porque para hacerlo tuvieron que recurrir al modelo preconstitucional básico, de inspiración francesa y que es totalmente ajeno a la forma en que está organizada la sanidad en estos momentos. También tuve ocasión de sentirme irónico (11/5/20 Nueva originalidad: los límites marítimos de las provincias) cuando se establecieron prohibiciones de navegar de una provincia a otra. Ilustré la entrada con una panorámica de la Ría de Arousa, llena de islotes, barcos y mejilloneras. Me preguntaba si alguien distinguía allí los límites provinciales entre Coruña y Pontevedra, que ni siquiera figuran en las cartas de navegación.
Estas situaciones kafkianas es lo que provocan los defensores de una organización del país parecida a la que dio origen a las reflexiones del gran autor checo. Mi ensayo habla de ello en el capítulo 1 (El poder del aparato). Pero es lo que gusta en el propio aparato: una España centralista y uniforme. La que defiende Vox, la que teníamos en tiempos de Franco, la que aquí es incompatible con la democracia y además poco eficiente.
El Tribunal Constitucional no pierde ocasión de evitar una adaptación del país a un modelo de Estado más federal, que resultaría mejor para todos. Pasa casi siempre con los cuerpos de altos funcionarios, quizá por eso el PP quiere que sean los jueces los que elijan a todos los miembros del Consejo del Poder Judicial, sin participación del parlamento democrático, de personas elegidas por los ciudadanos. Se aseguraría una prevalencia permanente de su visión de España, en estos momentos bastante alienada con la de Vox.