Parece que los fondos europeos, que reciben el nombre de next generation (próxima generación), van a ir destinados en alto porcentaje a obras públicas, línea histórica dominante en la inversión que realiza nuestro Estado. Para cambiar y apoyar nuevos objetivos hay que enfrentarse a fuerzas a las que interesa que todo siga igual, lo que siempre cuesta trabajo a los políticos, y la necesidad de presentar proyectos en poco tiempo da ventaja a los sectores más organizados, con más capacidad de hacer propuestas.
Hace unos días, la Confederación Nacional de Constructoras, en plena campaña de relaciones públicas para captar inversiones, se ofreció a dar formación y recuperar a 200.000 parados en sectores relacionados con la hostelería. No parece una gran medida, irán a trabajos igual de precarios y a unas actividades en las que no tenemos ventajas competitivas de base, a nivel internacional, como ocurre en el turismo.
Con la pandemia cerca de ser controlada, vamos a recibir una ola de inversiones para ayudar a superar la crisis cuanto antes. Cuando pase, habrá que ir devolviendo los fondos que nos envían. Podría ocurrir que no se consiga jubilar a la “generación del pasado” y que no salgamos mejor de los que estábamos antes, por no hacer lo suficiente para superar defectos estructurales que dificultan que generemos más empleo de calidad.
Lo que hay que exigir a las constructoras, si realmente quieren ayudar al país, es que cumplan la ley de morosidad en vigor que obliga a pagar en un plazo máximo de 60 días a sus proveedores (algunas están en más de 250 de media). Sólo con eso, nuestra estructura productiva pegaría un salto en inversión industrial y competitividad. Se ha dicho antes aquí, la última vez el 06/03, porque es el peor problema económico que tenemos.
Se debate ahora en el Congreso una propuesta de régimen de sanciones para obligar a que las empresas paguen en plazos similares a los de Francia o Alemania. El poderoso club de los “morrosos” consigue que se hable poco de ello, mientras presiona a los legisladores para retrasar la medida y evitar un acto legislativo que modernizaría nuestra economía para siempre.
La incapacidad para cambiar es cada vez mayor y atenaza a las grandes democracias, un asunto básico en los planteamientos de mi ensayo. En él se usa el ejemplo de los fabricantes de armas en los EEUU, cuya influencia no consiguen reducir a pesar de que sus productos provocan decenas de miles de muertos cada año (entrada del 19/04). En nuestro caso, el exceso de peso político y económico de algunas grandes constructoras limita el desarrollo industrial y la innovación. Al menos no provoca muertos, sólo empleo precario y demasiados parados.
Si se quiere aprovechar esta oportunidad histórica, sancionen de una vez a los morosos y empleen parte de los fondos next generation para refinanciar la deuda con proveedores de los grupos empresariales más retrasados en ese capítulo. Ese dinero se regaría inmediatamente y sin mucho papeleo por toda la actividad económica, el país se recuperaría más rápido y lo haría en la dirección que necesitamos. Como mínimo, deberían exigir que las empresas que aspiran a conseguir contratos públicos, para obras o cualquier otro fin, estén cumpliendo la ley, en concreto que paguen a sus proveedores dentro de plazos legales, tanto ellas como sus subcontratas. Por ética pública elemental, el Estado no debería contratar organizaciones que se saltan las normas que el propio Estado ha aprobado.