Es triste comprobar la poca capacidad de cambio que tienen los grandes aparatos burocráticos. En el libro caracterizo una enfermedad que les afecta de forma casi inevitable: mediocridad invasiva. Es quizá el problema más grave de las sociedades actuales, no son capaces de impulsar cambios.
El acuerdo tomado de subir las cotizaciones para tapar el agujero de financiación de las pensiones, sin la aprobación de las empresas que son las que soportarán el 80% del aumento de cuotas, conseguirá lo contrario de lo que pretende. Al subir el coste del personal se tenderá a contratar menos y empeoraremos el principal problema de nuestra economía: poco empleo y demasiada temporalidad. Habrá menos cotizantes.
La población cada vez vive más y se registra una decreciente creación de puestos de trabajo. El asunto es muy grave y los acuerdos como el del lunes pasado son “patada a seguir”, atrasan la solución del problema y tienden a agravarlo. Ya se sabe que los políticos piensan a corto plazo y, en general, carecen de imaginación, pero el déficit del sistema de pensiones sólo se solucionará actuando sobre las variables básicas que lo generan.
Primero hay que continuar trabajando en adaptar el sistema a la realidad demográfica, como ya se viene haciendo, incentivando el alargamiento de la vida laboral y penalizando las jubilaciones anticipadas. También conviene situarlo en el S XXI, debe planificarse la supresión progresiva de la pensión de viudedad, respetando la situación de los que ya la perciben. Fue pensada originariamente para las mujeres (señora de), aunque también la pueden cobrar los varones. A pesar de que debería ser cada vez menos relevante por la incorporación de la población femenina al mercado de trabajo, el importe destinado a esta prestación ha crecido un 2% y representa el 17% del gasto total en 2021.
La pensión de viudedad tiene además consecuencias indirectas indeseables, pues aumenta el empleo informal. Uno de los cónyuges sabe que tiene derecho a viudedad si fallece su pareja, con empleo estable, no necesita preocuparse de realizar un trabajo que cotice y, de paso, ahorra impuestos. Ocurre lo mismo cuando una persona relativamente joven está cobrando la prestación. Ella y sus hijos están cubiertos por la seguridad social, por lo que no tiene necesidad de buscar un trabajo en la economía formal. Un apoyo pensado en su día para proteger a muchas mujeres es una de las razones de la alta tasa de empleo sumergido que les afecta.
Con esa sola medida, bien implantada, se solucionaría el déficit actual de la seguridad social. Hay otras dos de tipo general que ayudarían mucho a resolver el problema y que se han tratado en el blog con suficiente extensión. La primera es la de obligar a las empresas a pagar a sus proveedores en 60 días, como establece la ley en vigor, imponiendo sanciones al que no lo haga. Si se consigue llevar adelante el proyecto de ley en esa línea, que lleva más de una año dando vueltas por el Congreso mareado por los lobbies de los ”morrosos”, nos pareceremos más a los países del norte europeo, aumentará la dimensión de las pymes, la base industrial y la oferta de trabajo de calidad.
La otra es iniciar la retirada de los billetes, algo que hoy es viable. Como se analiza con detalle en el libro que estoy presentando estas semanas, eso dispararía la recaudación fiscal y afloraría casi todo el empleo informal. Llevaría además aparejado un fuerte ahorro en el gasto público para combatir la delincuencia: terrorismo, corrupción y tráficos ilegales (incluido el de personas). También reduciría mucho los delitos contra la propiedad, que buscan sólo efectivo, directamente o mediante la venta del objeto sustraído. Las propias estafas por internet se vendrían abajo porque terminan sacando billetes de un banco y cancelando la cuenta a la que se envió lo defraudado. En el propio periódico de ayer, que recogía el acuerdo entre gobierno y sindicatos sobre las pensiones, leí tres noticias de Galicia que reflejan un problema que tendemos a ver como inevitable. Una se refería al asalto de una sucursal bancaria para sustraer 3.000 euros, otra a un hostelero, a punto de jubilarse, al que le habían sustraído 1.300 euros por la noche, el décimo robo en su vida, y la última a la detención de dos mujeres pertenecientes a una banda especializada en entrar en pisos.
Si no se arreglan los problemas del país es porque los aparatos que los gestionan son rutinarios e ineficaces, no porque no existan soluciones viables y baratas.
