El Tribunal Constitucional quiere revisar ahora la legislación sobre el aborto, atendiendo un recurso presentado por el PP en 2010, cuando el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero promulgó una ley de plazos que dejaba a criterio de la mujer la posibilidad de abortar en las primeras 14 semanas de gestación o en un plazo mayor si concurrían determinadas circunstancias. Con esta ley España se unía a la línea dominante en el resto de Europa. La anterior legislación (1985), de tiempos de Felipe González, era sólo una modificación del código penal, que exceptuaba la consideración de delito en tres supuestos de interrupción voluntaria del embarazo (violación, malformación del feto y grave riesgo para la salud de la madre), una línea menos conflictiva para el pensamiento católico.

Como el más alto tribunal estaba remiso a entrar en un tema que lo dividía, 20 exdiputados del PP, que habían suscrito aquel recurso, presentaron una reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la demora. También hay una querella contra el Constitucional ante el Supremo por retardo malicioso en este asunto, presentada por la Asociación de Abogados Cristianos, profesionales expertos en anclarnos al pasado. . Se oponen a una regulación del aborto más acorde con los tiempos, como antes al divorcio o al matrimonio homosexual, o hace 60 años a que las mujeres pudieran ser jueces o fiscales.

A un tribunal de 12 jueces, pendiente de que se renueven cinco de sus miembros (4 caducados, en blanco, y uno dimitido, en tono rojizo en la  ilustración de El País que va al final), con otros cuatro (en azul) que cesarán el año que viene y dominado por magistrados conservadores, le entran prisas por fijar doctrina. De hecho, durante los 7 años de presidencia de Mariano Rajoy el PP se aguantó tentaciones iniciales y no derogó la ley, sólo realizó un cambio, al exigir permiso paterno para abortar a las menores de 18 años.  El actual ponente de la sentencia, el magistrado Andrés Ollero, uno de los que tiene el mandato caducado, se ha manifestado públicamente en contra de la ley de plazos en vigor.

Esta entrada es continuidad de las dos anteriores sobre la complicada gestión de la decadencia de las grandes religiones, muy enraizadas en diversos ámbitos sociales e interesadas en limitar la libertad de las mujeres, que en algunas de ellas ni siquiera están habilitadas para ocupar los más altos cargos directivos. Eso sí debería ser anticonstitucional. Los viajes en el tiempo de un tribunal fundamental para el funcionamiento de la democracia, pero cada día más desprestigiado a consecuencia de los bloqueos internos y de las dificultades para su renovación, no son exclusivos de nuestro país.

Algo similar ocurre en el poderoso Estado de Tejas, muy influido por sectas archiconservadoras, que no cesa de aprobar todo tipo de normas que dificultan la práctica de abortos legales. Para prohibirlos totalmente está a la espera de que el Tribunal Supremo de los EEUU, también dominado por jueces conservadores designados por el Partido Republicano, se avenga a revisar la sentencia Roe contra Wade de enero de 1973, que permitió legalizar la interrupción del embarazo en aquel país.

Los creyentes que piensan que hay que dirigir un Estado con normas emanadas de lo que, según ellos, dijo Dios, provocan periódicas vueltas atrás y son muy peligrosos para la salud. Tejas, tan preocupada por la vida de los acabados de concebir, ha aprobado hace un par de meses una legislación que permite llevar armas de fuego en público sin necesidad de licencia. Cada año, muere más gente allí por arma de fuego, especialmente negros e hispanos. También serían de esas minorías la mayor parte de las mujeres que morirían o sufrirían secuelas graves por recurrir al aborto clandestino al no poder pagarse uno legal en otro Estado, como harían algunas hijas de los que quieren prohibirlo bajo la inspiración del dictado divino y de la Asociación Nacional del Rifle.

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