Hace unos días, la prensa especulaba con el deseo de Pedro Sánchez de proponer al ministro de sanidad, Salvador Illa, como candidato a Presidente de la Generalitat, aprovechando la dosis de popularidad que le ha aportado su presencia en medios, a raíz de la pandemia de coronavirus. La idea encontró resistencias en el PSC y fue abandonada. Dentro de las especulaciones, algunos comentaristas fueron más allá y dibujaban una remodelación del Gobierno, facilitada por la salida de Illa. Me llamó la atención que se hablara en concreto de un recambio en la vicepresidencia económica. Era el cargo que menos pensaba que pudiera necesitar relevo justo ahora.
Nadia Calviño, que ocupa esa vicepresidencia, está bien preparada. Hija de un político socialista, que fue director general del organismo público RTVE, se licenció en económicas y derecho y obtuvo plaza en el cuerpo superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Acumula experiencia en temas de competencia y mercados, fue directora general de la CNMC y alto cargo en las direcciones de la UE sobre estas materias.
Asuntos muy relevantes para los tiempos en que entramos, pero lo es aún más su conocimiento de cómo se mueven los fondos europeos, de los que vamos a ser totalmente dependientes en los próximos tres años, porque ocupó el cargo de Directora General de Presupuestos de la UE. Es una persona discreta, perfil de alta funcionaria con mucha experiencia, cuya presencia en el Gobierno ayuda a que los países “austeros” del norte protestante se fíen de nosotros y se animen a ayudarnos.
Algo más a la izquierda , Yolanda Díaz es Ministra de Trabajo y Economía Social. ¡Tenemos dos ministras de economía! Supongo que muchos no se habían dado cuenta, es consecuencia de un Gobierno bifronte. Yolanda no tiene formación en economía, es política profesional del Partido Comunista, tras una breve etapa como abogada . Su padre fue secretario general de CCOO en Galicia. La palabra social detrás de economía inspira, al parecer, un mayor control público de variables relevantes. A Yolanda le gusta más que a Nadia aparecer en los medios y he tenido ocasión de observar un aumento del pragmatismo en sus intervenciones, como ocurre con la contrarreforma laboral, que se aplaza hasta que se controle la pandemia. Pero quedan detalles que permiten observar cómo ve la relación entre política y economía.
De acuerdo con los sindicatos y sin el apoyo de las organizaciones empresariales, Yolanda y la ministra de igualdad, Irene Montero, especialista en psicología de la educación y casada con el vicepresidente Iglesias, han conseguido la aprobación por el Consejo de Ministros de sendos Decretos para desarrollar la ley de igualdad del año pasado. Se trata de garantizar la equiparación retributiva entre hombres y mujeres y de que, para ello, las empresas elaboren planes de igualdad y creen registros salariales de todo el personal, que serán auditados y al que tendrán acceso los empleados a través de sus representantes legales.
Leer los textos publicados en prensa asusta un poco. Crean más papeleo en el interior de las empresas, bajo la supervisión del Estado y los sindicatos, y condicionarán la política retributiva de las sociedades mercantiles más allá de las diferencias de género. Al presentarlas, las ministras afirmaron que estas medidas nos colocan en el “frontispicio de la transparencia retributiva” de Europa. No sé si será bueno que todos comenten lo que ganan los jefes y puedan pasar datos a otros sobre asuntos con potencial de afectar posiciones competitivas, como los sistemas de incentivos. Parece que la Europa más industrial es también más prudente.
Este blog y el libro que lo inspira son muy claros en la defensa de la igualdad de género y en la gran importancia que tiene poder contar con la capacidad plena de las mujeres en todos los ámbitos laborales, directivos y científicos. El camino elegido por el Gobierno, por loables que sean los objetivos declarados, puede llegar a ser contraproducente para lograrlos. La carga burocrática y la transparencia que se impone en asuntos delicados complicarán la actividad de las empresas en tiempos difíciles, frenando la inversión, y puede reducir aún más el empleo femenino cuando nos enfrentamos a un paro generalizado que a ellas les afecta especialmente. La legítima preocupación por la igualdad se aprovecha para aumentar el poder sindical dentro de las empresas.