Los europeos poseemos un legado histórico y artístico que cuesta mucho mantener en buen estado, aunque los esfuerzos se centren sólo en las partes más destacadas. El que no haya recursos para abarcar todo es muy evidente cuando se viaja, por ejemplo, en Italia. España no le anda a la zaga y tenemos a Patrimonio Nacional para cuidar ese legado.

Estos días hemos comprobado que este organismo, adscrito al Ministerio de Presidencia, es el que soporta el coste de los tres ayudantes del ex Rey Juan Carlos en Abu Dabi. Resulta extraño, aunque sea de acuerdo con la legislación vigente, que el Estado pague a asistentes (en algunas informaciones se les llama ayudas de cámara) de una persona que fue jefe del estado, pero que ahora se refugia en un emirato árabe a la espera de lo que resulte de investigaciones judiciales abiertas.

Tampoco parece lógico que sea Patrimonio Nacional el organismo que soporte el gasto, en demérito de su atención a nuestro ingente patrimonio histórico y artístico. Ni que ese organismo esté en Presidencia, en lugar de formar parte del Ministerio de Cultura. Parece un espacio excesivamente elástico para lo habitual en la Administración.

Debe haber una tradición que vincula Patrimonio Nacional con Monarquía, supongo que por tener a su cargo los palacios donde habita y el personal asignado a ellos. Leemos que los asistentes destinados al Emérito son asumidos por Patrimonio Nacional a petición de la Casa del Rey “siguiendo la tramitación habitual” y que “este personal eventual y laboral presta servicio en la Jefatura del Estado y sigue las indicaciones y orientaciones que se realizan en la Casa de Su Majestad”.

Reconozco que estoy algo superado por estos asuntos de la Corte, donde se habla de ayudas de cámara, operan organismos fuera de su sitio lógico o se abre la posibilidad de jugar con las palabras demérito y emérito. No tengo nivel de escritor para sacar partido de un lío institucional algo kafkiano. Es una pena que ya no esté con nosotros Valle Inclán para usarlo en una obra de teatro o Berlanga, que podría emplearlo en el guion de una nueva película, mezclando cosas de Escopeta Nacional y Patrimonio Nacional. Juan Carlos es un gran aficionado a la escopeta, además de al patrimonio.

Fue a consecuencia de un accidente, durante una excursión de caza mayor a Botsuana, cuando empezaron a aflorar aspectos de su comportamiento que minaron la imagen del Rey hasta obligarle a abdicar. Se hizo evidente, entre otras cosas, su relación con Corinna Larsen, que recibió del Emérito en 2012 un donativo de 65 millones de euros (vía Suiza, Panamá, Bahamas) y el jueves prestó declaración judicial, en el curso del “Caso Villarejo”, sobre las presuntas presiones de los servicios de inteligencia del Estado, según ella alentados por el Rey, para que entregara documentos cuya difusión podría perjudicar al ahora Emérito.

Se ha dicho varias veces en este blog, que España necesita un plan B de consenso, por si la solución familiar para la Jefatura del Estado sigue deteriorándose. La monarquía en España, el único país europeo que la ha recuperado en los últimos 150 años, debe ser vista como una posibilidad entre otras. En gran medida fue legado político(1) del dictador y no debería considerarse parte de nuestro Patrimonio Nacional, a pesar de la insistencia de la derecha más dura y de la peculiar organización del Estado.

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Como recordatorio de que, en este Estado moderno y democrático, la clase noble ha seguido ganando peso, Juan Carlos I otorgó 50 títulos nobiliarios, 12 con Grandeza de España, además de añadir esta categoría a cinco más, existentes con anterioridad. En una línea tradicional de las monarquías, algunos pudieron servir para pagar favores (1), como el Señorío de Meirás (Carmen Polo) y el Ducado de Franco (Carmen Franco), ambos con grandeza de España. La práctica se ha frenado desde el nombramiento de Felipe VI.

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