Demasiada corrupción

La corrupción es uno de los principales problemas políticos de España. Tenemos un nivel impropio de un país democrático, lo estamos viendo estos días con un caso tan cutre como el Mediador y otros como el de carreteras de Cantabria o, a un nivel más local, el del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, cuyos dirigentes cobraban comisiones por contratos de trabajo en la UTE de la limpieza de Coruña. Y aún colean asuntos como Gurtel y Kitchen, entre otros.

La estructura productiva española, muy condicionada por el excesivo peso del sector construcción, crea un sesgo hacia la búsqueda de influencias políticas para conseguir negocio. Ya decía Marx aquello de que “el modo de producción condiciona la cultura”, tenía razón, el nuestro es un buen ejemplo. La importancia que aquí tiene la ingeniería de caminos, los civil engineers son una profesión sin especial relevancia en países avanzados, refleja el peso de un sector que fue capaz de atraer a gran parte de los mejores cerebros del país y, gracias a ellos, ha producido grandes empresas con proyección mundial. Lo veíamos en una entrada anterior sobre el caso Ferrovial (5/3/23).

También resaltaba allí la poca calidad de nuestra legislación. En general en España las empresas o los autónomos tienen que gastar muchos recursos para cumplir con una legalidad que les atosiga, a veces cuesta trabajo enterarse de la aparición de obligaciones nuevas. Es más evidente aún en el urbanismo, donde se regulan todo tipo de detalles, a veces de forma contradictoria, y da lugar, en muchos casos, a demasiado papeleo y a la necesidad de interpretar y adaptar el marco legal. Un contexto favorable a pedir y pagar favores. El Estado tiene excesiva tendencia a echar sobre los hombros de la sociedad civil deberes que debería asumir directamente, como en la provisión de vivienda protegida para personas de pocos ingresos.

En vísperas de un período electoral intenso, la corrupción es un arma arrojadiza entre bloques políticos ya de por sí demasiado enfrentados. Ahora me interesa resaltar los deberes pendientes, todos los partidos son responsables y partícipes de una situación vergonzosa. Lo que tienen que hacer es legislar mejor y evitar leyes llenas de detalles, a veces contradictorios, y luego corregirlas mezclándolas en otras que pueden tener fines diferentes, produciendo situaciones de difícil gestión que recomiendan con demasiada frecuencia buscarse amigos para canalizarlas y evitar problemas.

Otra medida importante sería iniciar un proceso para eliminar los billetes, ahora que ya es posible como he reiterado aquí y explico en el libro que reproduzco más abajo. Los países nórdicos o Australia ya van en esa dirección. Allí resultaría inconcebible que el jefe de carreteras de una pequeña comunidad autónoma tuviera en su casa 530.000 euros en papel moneda y una máquina de contar billetes, o que un general de la guardia civil escondiera en un armario, entre su ropa y en cajas de zapatos, 61.200 euros en billetes y parece que no era el único alto oficial de ese cuerpo con aficiones poco beneméritas, relacionadas con diversas obras. Por no recordar los indicios que apuntan a la afición del rey emérito a las bolsas de billetes.

El negativo entorno que nos enfada y avergüenza sería mucho menos relevante sin billetes. Siempre cabría invitar a comidas, viajes y fiestas, realizar regalos o facilitar tarjetas black con cargo a empresas. Pero son soluciones trazables por Hacienda y la policía y, por tanto, menos eficaces que acumular billetes para blanquearlos comprando coches caros, obras de arte o activos inmobiliarios, escriturándolos por debajo de su valor, o para llevarlos a Suiza o Andorra como, al parecer, hacían Luis Bárcenas o los Pujol.