España tiene un buen sistema de salud pública pero sus mecanismos de decisión política no están al mismo nivel. El gobierno reaccionó tarde al brote de coronavirus, que además golpeó con fuerza en la capital, la ciudad más grande, mejor comunicada y menos dada a medidas restrictivas de cualquier tipo. El problema es que no somos capaces de analizar las cosas con frialdad, nos gustan los enfrentamientos por cuestiones de principios y, en paralelo, la vida relajada. Eso explica, por ejemplo, que los responsables de las altas tasas de mortalidad de Madrid hayan salido reforzados en las recientes elecciones.

Hace 40 años estábamos metidos de lleno en otra crisis que causó 4.800 muertos y afectó a más de 20.000 personas. Diversos medios están dedicando atención a aquel suceso, un envenenamiento masivo por ingerir aceite de colza desnaturalizado. El primer caso se registró el 1 de mayo del 81 y no fue hasta el 10 de junio cuando se tuvo consciencia de que no era una enfermedad nueva causada por un agente biológico desconocido. Sólo entonces se comprobó que era una intoxicación y se frenó la venta del producto que la causaba, fabricado clandestinamente por industriales desaprensivos y distribuido por vendedores ambulantes.

Los responsables directos fueron juzgados y condenados, no así los dirigentes que actuaron de forma incompetente y tardaron demasiado en identificar el problema. Tengo una especial sensibilidad por el asunto, porque cuando observé que la crisis se concentraba en zonas concretas y las víctimas tenían síntomas similares, empecé a decir que deberían hacer una encuesta sobre lo que habían consumido. Si lo hubieran hecho, a la vez que se dedicaban a buscar el inexistente agente biológico – «El mal lo causa un bichito. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata» afirmó Jesús Sancho Rof ministro responsable del desaguisado-, hubieran sabido, en menos de una semana, el origen del problema y evitado miles de víctimas.

El caso de la colza lo usé, hace 14 meses en mi primera entrada sobre la pandemia, como ejemplo de lo que no hay que hacer y para pedir una base de datos internacional con información de calidad que permita usar la inteligencia artificial para descubrir tendencias y comparar resultados de las medidas aplicadas. No es un problema de cantidad de datos, basta con muestras representativas obtenidas de forma fiable. Hay mucha gente que sabe cómo hacerlo.

Da miedo que sigamos sin esforzarnos en tener un buen sistema de información, fundamental para tomar decisiones precisas con la celeridad que exigen las crisis sanitarias. Hablando del empleo de datos estadísticos, he leído con interés, también estos días, un estudio realizado por el departamento de salud de Navarra, que establece una correlación directa entre la apertura de la hostelería y la propagación del virus, reproduzco al final un gráfico de El País que resume los resultados.

A pesar de ese tipo de datos y de que el covid 19 aún no está controlado, el Gobierno ha dejado caducar el estado de alarma sin alternativas para que los ejecutivos autonómicos puedan tomar medidas de confinamiento o imponer un toque de queda, sin tener que recurrir a los tribunales que tardarán un tiempo en crear criterios homogéneos. Tampoco se establecen acciones específicas sobre las zonas de riesgo extremo. De ellas, como ya me pasaba hace 14 meses, me preocupa especialmente Madrid, poco responsable en sus controles y llena de gente con ganas de viajar. Al menos, el nivel de vacunación va avanzando y es de esperar que, si llegan nuevas olas de contagios, serán mucho menos dañinas.

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