El desastre humano, ecológico y económico de los incendios de este verano tiene diversas causas, como el calentamiento global que alarga sequías y sube temperaturas, aunque hay aún dirigentes que lo consideran una exageración de los ecologistas. Pero no quiero entrar en el debate político y las tensiones que surgen cada vez que algo va mal. Como en otras ocasiones, me interesan las bases institucionales que dificultan combatir un terrible problema. Los que tenemos experiencia en gestión de entidades privadas sabemos que los problemas se agravan cuando estamos mal organizados, entonces hay que cambiar organigrama y estructura operativa. La Administración se muestra incapaz de hacerlo, hay demasiados sistemas para frenar cambios, parapetarse tras fronteras geográficas o competenciales y que todo siga igual.
Los incendios de este año ponen en relieve la urgencia de hacer resiliente el territorio, en eso hay acuerdo. Pero, para lograrlo, es necesario que funcione bien el escalón de la Administración más pegado al terreno. Ahora, la primera línea es extremadamente débil, casi inexistente en muchos casos. Miles de ayuntamientos de zonas amenazadas por el fuego, están muy poco poblados y carecen de medios. Ellos planifican y controlan la ordenación del territorio. Necesitan disponer de equipos para supervisar y asesorar a los vecinos, a los agricultores, a los ganaderos, y asegurar la evolución hacia un ecosistema resistente.
No se puede hacer sólo desde arriba, las estructuras autonómica, central y europea aportan medios y apoyos cuando se produce un incendio y también cuando hay que recuperarse de sus consecuencias. Pero se necesita gente trabajando permanentemente con la sociedad civil, ayudando, promoviendo actividades y asociaciones que diversifiquen la producción ganadera, agrícola y forestal, que olfateen potenciales incendiarios y que reaccionen rápido ante incendios localizados para que no se escapen de control. Divisiones administrativas de tiempos remotos, cuando todo era muy diferente en términos de población, producción primaria, medios y comunicaciones, se mantienen a pesar de que ya no pueden cumplir bien sus funciones. A España le sobran unas tres cuartas partes de los ayuntamientos para tener una primera línea de servicios públicos acorde con las necesidades de hoy.
En el caso, por ejemplo, de Galicia- Aquí existe, desde tiempos de Manuel Fraga, una división territorial en 57 comarcas, buena referencia para convertirlas en términos municipales. No tiene sentido que tengamos aún 313 municipios, aunque estemos lejos de la locura de los 371 de la provincia de Burgos, en una autonomía gobernada por el mismo partido desde hace 38 años. Contra el fuego se necesitan ayuntamientos con capacidad operativa, hay que fusionar miles de ellos. Por cierto, ¿Qué han hecho las diputaciones contra los incendios? Al parecer no es asunto suyo. Hay que reformar a fondo un modelo de Administración incompatible con el federal al que tienden las autonomías. Hay cuatro escalones básicos: local, federal, central y supranacional (europeo). Pero me temo que nuestros dirigentes complicarán más la gestión pública y la prevención de incendios con nuevos organismos de coordinación y apoyo, en lugar de simplificar y reforzar su estructura para hacerla eficaz.
Los políticos echan leña al fuego porque son incapaces de cambiar tinglados obsoletos que les sirven para colocar colegas y defender localismos. El grave problema de los micro ayuntamientos surge en los debates, pero no se proponen soluciones. La ineficiencia del sistema público nos asfixia con burocracia, rigidez y humo de incendios. En mi ensayo (pg. 43) se hace una propuesta para forzar la reducción del número de municipios que ya he desarrollado en alguna entrada anterior. Va en línea de facilitar los procesos de fusión para que operen de forma casi automática, sin que puedan evitarlos:
“Se debería promulgar una especie de Ley de OPAS (ofertas públicas de adquisición), por emplear un término del derecho mercantil privado, que facilitara a los más grandes la absorción de los ayuntamientos vecinos cuando haya claras diferencias de población. Habría que redactarla muy bien, fijando, entre otros aspectos, los topes de superficie territorial máxima a que puede llevar el proceso y los plazos mínimos entre una absorción y la siguiente, dentro de un procedimiento que deberá ser expeditivo…Un marco legal como el propuesto tendría la virtud adicional de empujar los procesos de fusión negociados, ante la amenaza de una posible “OPA hostil”.