La reciente elección de Ángela de Miguel al frente de Cepyme prueba el control que CEOE ejerce sobre las pymes. La batalla entre el presidente saliente y la nueva presidenta – elegida por una diferencia de sólo 30 votos a pesar del apoyo de Garamendi, líder de la gran patronal- muestra que la situación se tensiona porque los asociados son más conscientes de que sus intereses no siempre coinciden con los de las grandes empresas. Un tema relevante, que pasa demasiado desapercibido en el debate público y este blog ha tocado antes por la situación de monopolio de la representación patronal ejercida por CEOE. Contrasta con lo normal en el resto de Europa, donde las organizaciones de grandes empresas y de pequeñas y medianas están separadas.
La anomalía conecta con otra divergencia respecto a los países avanzados de nuestro entorno: los hábitos de pago. En España los plazos son más largo, por la presión, sobre todo, de los principales representantes de la distribución y la construcción. La situación gusta a los bancos, siempre cómodos en el buen negocio de financiar aplazamientos. Los amigos de esa morosidad que oprime a muchas pymes tienen influencia determinante en la patronal.
A Cepyme le cuesta tener más autonomía, lo intenta con poco éxito. En gran medida porque su presupuesto anual está subvencionado por el hermano mayor (CEOE le inyectó 1.350.000 euros en el ejercicio pasado). La situación inquieta a afiliados conscientes de que el escenario cambia bajo el liderazgo de la organización de las pymes catalanas, Pimec. Ésta cuenta con más de 150.000 afiliados, su presidente, Antoni Cañete, ejerce la vicepresidencia de la asociación europea de pymes y acaba de pasar a formar parte del Comité Social y Económico Europeo (CESE).
Pimec apoya un movimiento nacional, Conpymes, y una asociación que pelea por denunciar y evitar malas prácticas de pago, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM). El año pasado, la PMCM pasó a formar parte del recién creado Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, mientras Conpymes y Pimec han entrado en el Consejo Económico y Social español, marco de la negociación colectiva, rompiendo el monopolio de CEOE.
La nueva realidad tensiona Cepyme que ya no es la única representante de las pymes española, que pueden recibir un importante apoyo de la UE, si, como está previsto, entra en vigor en 2026 un Reglamento europeo que obligaría a pagar en menos de 60 días tanto a empresas como a administraciones públicas. La morosidad se extiende a otros países del sur de Europa y lastra la competitividad continental, cuando nos enfrentamos a un mercado mundial muy tensionado. Es necesario que el tejido pyme tenga más capacidad de invertir para crecer, investigar e internacionalizarse.
En los EEUU se paga mejor y eso los hace más dinámicos. España es el caso contrario porque los grandes morosos y sus aliados financieros tienen mucha influencia. Han conseguido evitar que se apruebe un reglamento de sanciones para castigar a los incumplidores de la legislación vigente (Ley de Morosidad de 2014) que prohíbe pagar a más de 60 días. Lo que esa ley ha logrado es que las auditorías tengan que reflejar los plazos reales de pago, incluidos los realizados con pagarés, que parecían escabullirse. Según datos del 2º trimestre del 2024, tomados del CESCE (empresa pública de gestión de riesgo comercial), últimos que conozco, el plazo medio de pago en España era de 80,2 días, que oscilaban entre los 74,5 de las microempresas a los 90,5 de las más grandes. El liderazgo de pagar mal lo ejerce la construcción con una media de 94,9 días, que, aun así, reflejan una mejora de 10 desde el año anterior. Empiezan a verle las orejas al lobo, España mejora.
Está claro que la CEOE quiere seguir condicionando a Cepime, tenerla amarradita.
O espabilan en España las pimes o seguirán bajo los intereses de los que siempre mandan.
Pues sí. Las cosas están cambiando, pero hay tarea por delante para tener una estructura organizativa de la patronal más acorde con lo que se necesita