Biden marca líneas fiscales necesarias

El Presidente americano sigue luchando por sacar adelante su plan de recuperación del país tras la pandemia, con grandes inversiones en infraestructuras, medidas contra el cambio climático y mejora de las coberturas públicas de salud y educación. Al principio se las prometía muy felices porque los demócratas cuentan con mayorías ajustadas en las dos cámaras legislativas. Pero no son un colectivo uniforme y los más conservadores de ese partido veían el plan como demasiado grande, con riesgo de comprometer en exceso las finanzas públicas.

Sin entrar en detalles de la situación y los recortes que se han ido haciendo a las ideas iniciales, el plan necesita el soporte de más ingresos fiscales para asegurar el voto mayoritario en el Congreso y el Senado. Aparece una línea importante que viene respaldada por cumplir el reciente acuerdo de los países de la OCDE: un impuesto mínimo del 15% para las empresas. La otra nueva aportación es un impuesto a las mayores fortunas del país: los que tengan activos superiores a los 1.000 millones de dólares o hayan ingresado más de 100 millones anuales durante los últimos tres años. Ni siquiera en los EEUU son muchos los que entran en estas categorías, unos 700 contribuyentes, pero aportarían el 10% de los fondos adicionales necesarios durante los años de duración del plan.

La propuesta de Biden en los EEUU, independientemente de cómo quede al final, es una referencia en líneas de política fiscal que también están en consideración y debate en otros lugares, porque en todas partes la crisis provocada por el covid 19 ha dejado exhaustas las arcas públicas. Como España ya tiene previsto imponer el impuesto mínimo de sociedades acordado en la OCDE, me interesa destacar dos aspectos para mejorar la aportación a los servicios comunes que hacen aquí las personas con más medios económicos.

El primero es el de limitar la competencia entre CCAA para atraer a las mayores fortunas del país. a base de hacerles fuertes rebajas en los impuestos del patrimonio y sucesiones, una línea que lidera Madrid, la comunidad que más depende del Estado común. El segundo es la necesidad de valorar bien la extensión de las medidas que el Gobierno plantea para aumentar la recaudación en ese segmento de contribuyentes. La defensa de la clase media en sentido amplio es una línea que mantengo en el blog y en el ensayo que lo soporta, porque es la base que asegura un sistema democrático estable. Por eso conviene gravar sólo a los escalones más elevados en cuanto a la riqueza, evitar la tentación de atacar a la clase media alta, que normalmente tiene menos medios para esconder sus activos que los muy ricos lo que la convierte en una fuente recaudatoria más accesible para Hacienda. Para ello, pueden servirnos de referencia las cifras que definen el colectivo afectado por el nuevo impuesto que se propone en el plan de Biden, llega con convertirlas a euros y sacarle un cero a cada una. Es suficiente, no hay que bajar más el listón.

Con una mayor aportación de los grandes contribuyentes, empresas y particulares, que son más propensos a usar la ingeniería fiscal, legal o, en algunos casos, ilegal, los déficits fiscales serían más asumibles, por eso es importante hacerlo bien y coordinarse a nivel internacional. Para completar esas medidas sólo falta iniciar un camino decidido de ir eliminando el papel moneda, como propongo en el libro que estoy presentando. El Estado recaudaría bastante más y tendría una importante reducción de costes.