Los devastadores fuegos que asolan España, sobre todo el centro, han movilizado muchos recursos del país y de otras partes de la UE para combatirlos. Pero, por muchos medios de que se pongan sobre el terreno, hay incendios cada vez más frecuentes y difíciles de extinguir cuando alcanzan algo de volumen, si las circunstancias meteorológicas son desfavorables y el territorio cuenta con mucha masa vegetal seca. Es preciso evitar que empiecen y, si eso ocurre, apagarlos pronto. Ante el desafío que se ha abierto, la Administración española y europea dan ejemplo de colaboración y coordinación, pero no pudieron evitar la destrucción de decenas de miles de hectáreas.
Hay que enfrentarse a grandes desgracias para que se aparque temporalmente la desconfianza y el enfrentamiento entre las diversas administraciones y fuerzas políticas. El miedo se apoderó de los ciudadanos y el Gobierno habla de un pacto de Estado para frenar los desastres que fomentan el cambio climático y el abandono del campo. De entrada, ha tirado de manual de catástrofes y aprobado ayudas para los afectados. Aunque “pactar con Sánchez” le repele a la derecha más radical, es de esperar que lleguen a algún tipo de consenso para aumentar la resiliencia del territorio frente a fuegos salvajes.
Habrá cambios legislativos, más medios para combatir incendios, más recursos para ordenar el monte, es posible que se creen nuevos aparatos administrativos especializados…. Creo que todo ello será insuficiente. Los que tenemos experiencia en la dirección de organizaciones privadas veteranas enfrentadas a cambios profundos, sabemos que para adaptarse hay que revisar estrategias y poner medios para aprobar los exámenes a los que nos someten los clientes de las empresas o los beneficiarios de instituciones sin ánimo de lucro. Pero es preciso hacer algo más, algo fundamental si queremos tener éxito: reformar nuestra organización para responder con eficacia a los nuevos entornos. Cuando cambian, tenemos que adaptarnos. Eso es de lo que muchos Estados no son capaces.
Hay bastante acuerdo sobre medidas para hacer más resiliente nuestro mundo rural: fomentar la diversidad de especies vegetales, los cortafuegos y los campos poco arbolados que operen como tales, las explotaciones ganaderas de estabulación libre, la limpieza periódica de ramas y matorrales… Pero también es preciso gestionar día a día esa ordenación del territorio en todas las esquinas del país, sobre todo en las más despobladas, disponer de medios próximos para abordar incendios en fases iniciales y accesos terrestres para poder emplearlos rápido … Para conseguirlo, para ser eficaces con estos programas, se necesita que la primera línea de actuación de la Administración, los ayuntamientos, tengan capacidad de ordenar su área de competencia, impulsar iniciativas y asesorar a los que promueven actividades que favorezcan la resiliencia, reforzar acuerdos de la sociedad civil para detectar y reaccionar ante amenazas, vigilar permanentemente situaciones peligrosas para evitar la chispa, disponer de instrumentos para atacar incendios en fase inicial…
Los partidos de tradición democrática hablan, pero les cuesta entrar a fondo en problemas importantes, lo que lleva a muchos a creerse las promesas de los iluminados de la patria y la religión. Los incendios volverán a desprestigiarlos, porque para combatirlos sería preciso reducir el número de ayuntamientos radicalmente. Necesitan ser mucho más capaces, cientos de ellos no tienen recursos ni para pagar un secretario municipal. Para ser eficaces en un medio rural que se despuebla deberían tener una superficie mínima de 500 kilómetros cuadrados. Hay que fortalecer la barrera fundamental de la Administración contra el nacimiento y la expansión de los incendios, para que los planes que se pongan en marcha arraiguen en el territorio.
En el caso que mejor conozco, el de Galicia, durante la presidencia de la Xunta de Manuel Fraga, se diseñó una estructura de 55 comarcas. Un gran esquema para fortalecer la gestión del territorio si hubiera servido de base para fusionar los 313 municipios de la comunidad. Quedó en nada, dinero tirado en cultura espectáculo. Todo son obstáculos legales y políticos, empezando por la desconfianza de localismos varios y las propias diputaciones provinciales. Pues si no quieren que lo de este verano se repita, año tras año, ya pueden empezar a poner en marcha mecanismos para concentrar miles de ayuntamientos, aunque sean necesarias leyes orgánicas y reformas constitucionales. Es el único test para confiar en lo que se acuerde.
Hay países avanzados que lo han hecho, como Suecia (pasó de 2281 municipios a 286) o Dinamarca (de 1387 a 285). También Alemania, Holanda o Bélgica hicieron fuertes reducciones de la planta municipal, para adaptarla a un mundo muy diferente a aquel en que había sido concebida. Nosotros no lo haremos, hay demasiados jugadores de veto y seguiremos ardiendo, cada vez más (ver entrada anterior). Cómo Francia, que tiene una gigantesca Administración central, asentada sobre soluciones similares (comunas, departamentos y regiones), aunque más desperdigadas aún que las nuestras. También allí, este año, han recibido un aviso de lo que se les viene encima. O adaptamos la primera línea del Estado para gestionar el desafío que tenemos delante o arderá gran parte de nuestro medio rural y mucha gente morirá o quedará sin hogar. Los políticos gastarán mucho más dinero de todos, pero no será suficiente y las culpas de lo que pase serán sólo suyas.