Los jueces son personas y, como tales, tienen su visión de lo que está bien o mal, lo que puede introducir matices que debilitan la objetividad de sus decisiones. Por eso, las sentencias son recurribles y los altos tribunales a donde llegan son colegiados. Se trata de evitar que perspectivas individuales introduzcan elementos de valoración que disminuyan la calidad de la justicia, uno de los tres poderes del Estado democrático. La lógica de las perspectivas humanas se vuelve más peligrosa cuando determinada visión social, por tanto política, es compartida por muchos jueces y magistrados.
En el mundo actual -cada vez más radicalizado por la concentración del poder, la acción de las redes sociales y el debilitamiento de las clases medias- es fácil que un cuerpo de altos funcionarios se vea afectado por excesos de sesgo. Su deriva es tradicionalmente conservadora, lo estamos viendo aquí en casos relevantes.
Es terrible lo que le ha ocurrido a Ahmed Tommouhi, que llegó de Marruecos con 40 años y se ha pasado los siguientes 15 en la cárcel y otros tres en libertad vigilada al ser condenado por 10 violaciones que no cometió. Después de ese largo tiempo, se consiguió revisar el caso y se comprobó que el tribunal que lo condenó no había revisado pruebas de ADN, que demostraron que era inocente. Aún así, la Audiencia Nacional, en un ejercicio de crueldad incomprensible, le negó la indemnización que le correspondía. Cosa que el Supremo ha corregido y la ha fijado en 2,5 millones de euros. La falta de profesionalidad en la condena hay que achacarla a que el primer tribunal actuó con prisa y quizá lo prejuzgó al ser norteafricano. No revisó adecuadamente las pruebas, le valió con la identificación de la víctima, que luego se demostró errónea, Ahmed tenía cierto parecido con el culpable real. ¡Qué vergüenza! Una España que presume de democracia, le ha hecho pasar encerrado una parte fundamental de su vida. Por mucho dinero que le den, no la puede recuperar.
Algo parecido le ha ocurrido a su compatriota Abderrazak Mounib, encarcelado por robo y violación que no cometió. Cuando se descubrió al autor real de los delitos que se le imputaron Abderrazak había muerto en prisión. Estos dos graves casos han dañado mucho la imagen de España en Marruecos y entre la numerosa comunidad marroquí que vive con nosotros.
Está también el caso que el juez Juan Carlos Peinado abrió a Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno. Se ha pasado más de dos años acaparando el foco mediático con indicios de posibles irregularidades que aparentemente no son graves. Eso sí, se ha hinchado de llamar a declarar a mucha gente, incluido el Presidente. Ha seguido adelante a pesar de la debilidad de las pruebas, como le advirtió la Audiencia Provincial de Madrid. Cuando pidió imputar también al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el Supremo le dijo que no aportaba ”ni un mínimo respaldo indiciario”. El Juez Peinado se jubila en setiembre y puede aspirar en pasar a la historia por su instrucción, que ha rematado pidiendo que se abra juicio penal a la Sra. Gómez por cuatro delitos. Sólo le apoya Hazte Oir, organización de extrema derecha y algunos más de esa línea. Para que no se fugue, con la posible colaboración de los policías que escoltan a ella y su marido, le ha prohibido salir de España y pide se le retire el pasaporte. Tiene a los sindicatos policiales de todas las tendencias indignados.
Estos casos mediáticos no deben hacernos olvidar que la justicia está ahogada y que los ciudadanos que acuden a ella tardan años en ver sus asuntos atendidos. Un índice de la deriva a peor de un Estado cada vez más grande, poco eficaz y viciado de corrupción como, gracias a la justicia, también estamos viendo. Aunque sigan apareciendo matices difíciles de justificar, cómo que se haya ido de rositas por colaborar con la justicia el empresario Víctor de Aldama, quien urdió la trama de corrupción por compra de mascarillas en tiempos de pandemia por la que sí han sido condenados a duras penas de prisión José Luis Ábalos -ex ministro de Fomento, ex secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza del presidente Pedro Sánchez- y su ayudante Koldo García.
Está muy bien el primer párrafo, introductorio y «preparatorio» de lo que, no tan bien, viene después…
Es manifiestamente sesgado el atribuído exceso de sesgo y deriva conservadora de «un cuerpo de altos funcionarios» (léase jueces y magistrados) que sesgadamente observas a conveniencia, obviádolo cuando sus sentencias son condenatorias para justiciables de dicha tendencia, personas físicas o jurídicas.
Continúas, preparando la sesgada conclusión posterior, con el relato de casos puntuales, tan lamentables como proporcionalmente excepcionales en un sistema muy garantista como es el nuestro, en donde el «in dubio pro reo» nadie medianamente sensato cuestiona y mucho menos el Poder Judicial.
No son, precisamente, para presumir los casos concretos que citas, claro que no, pero para ¡ vergüenza ! y demérito reputacional, la que a todos debería dar la inacabada y aparentemente inacabable serie de corruptelas y sordidos escándalos de todo tipo que, por acción, omisión o ambas a la vez protagonizan tantos autoproclamados adalides de todas las virtuded imaginables, todos ellos con nombres y apellidos que no hace falta recordar.
No existe deriva conservadora en la Fiscalía Gral. del Estado, ni en la mayoría de jueces y magistrados, tampoco en la abogacía del Estado ni en el Tribunal Constitucional. La reciente sentencia condenatoria del T.S. a Ábalos, Koldo y también a Aldama fue suscrita por unanimidad, siendo distinta la tendencia supuesta a sus miembros.
Termino (no sin tiempo):
Ante tan apabullante panorama como el que tan a la vista está, salvo para quien no quiera verlo, señalar al juez Peinado y a sus posibles excesos formales y detenerse en observaciones más o menos anecdóticas es similar a quedarse mirando al dedo que señala a la Luna.
Los grandes cuerpos funcionariales son mayoritariamente conservadores porque constituyen castas aferradas a la idea de un Estado muy centralizado, debate básico en España, en la raíz de casi todos los enfrentamientos que sufrimos. El centralismo tiende a arrastra a sus partidarios a la derecha dura, lo que incluso afecta a destacados dirigentes socialistas del centro sur, no hay más que ver a Felipe González, y al propio Partido Popular presionado por la competencia de Vox (los únicos que aplauden a Peinado) y el peso de su base madrileña.
Las estructuras políticas están demasiado contaminadas de corrupción, ahora le toca al PSOE que tiene casos vergonzosos. Quizá por eso sean partidarios de que siga habiendo billetitos.