La crisis de la vivienda se da en otros países europeos, pero aquí es especialmente fuerte. Demasiada gente es incapaz de tener un hogar digno y se ve obligada a compartirlo con otros o a recurrir a infraviviendas. Es un gran fracaso de las políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y causa principal del aumento de los descontentos con nuestra democracia, especialmente entre los jóvenes que ven casi imposible organizar una vida independiente.
La población española está aumentando por la llegada de extranjeros que cubren huecos en la demanda de puestos de trabajo. De continuar la tendencia, el año próximo llegaremos a los 50 millones de habitantes. El mercado inmobiliario es de respuesta lenta a cambios de tendencia. La oferta necesita tiempo para adaptarse y la presión sobre ella se traduce en aumento de precios, causa de la exclusión de muchos. Esto vale tanto para la compra como para el alquiler.
Estamos ante un grave caso de inoperancia del Estado, regulado por una Constitución en cuyo artículo 47 se dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer normas para hacer efectivo este derecho. Para ello es imprescindible facilitar la adaptación de la oferta a los cambios de demanda.
Quien primero tiene que actuar es la propia Administración, tanto central, como autonómica y local. Disponen de previsiones bastante buenas de crecimiento poblacional por zonas y, en muchos casos, tienen acceso a solares para construir viviendas. Deberían programar su actuación con eficacia para adelantarse a los problemas y asegurar el acceso de la gente de menos recursos a un bien fundamental. En circunstancias como las actuales, el Estado tendría que estar metiendo en el mercado muchos miles de pisos para que los españoles pudieran formar nuevos hogares. Hace todo lo contrario, cuanto más se necesitan viviendas, menos aporta como indica la estadística a continuación y eso vale para todos los partidos.
El Estado no hace lo que tiene que hacer y la iniciativa privada se frena por dificultades normativas y burocráticas. Construir un edificio obliga a recorrer un largo trayecto, en gran medida porque el proceso de autorización es muy complejo y los órganos que deben dar visto bueno se lo toman con calma.
También la creación de suelo es complicada y sufre varios tipos de parones y vueltas atrás. Aspecto agravado por la escasa dimensión de los ayuntamientos, especialmente en áreas metropolitanas que deberían crear grandes bolsas de espacio edificable, corredores ecológicos y sistemas de transporte con perspectiva amplia. Se hace imprescindible la fusión de ayuntamientos donde el crecimiento económico y poblacional ha rebasado totalmente un marco competencial de otros tiempos. No lo harán, seguirán poniendo parches. Son incapaces de tomar medidas básicas para cumplir sus obligaciones con la sociedad.
También el alquiler de pisos se enfrenta cada vez a más requisitos y limitaciones. Cuando aparece una escasez de vivienda como la actual, es normal que el Gobierno, sobre todo si es de izquierdas, intente evitar que se dirijan pisos a fines distintos, como los pisos turísticos. Es razonable poner techos a esta oferta para poder cubrir servicio básico de habitación, pero sin pasarse porque el turismo es una actividad con mucho peso en el PIB español. También se tiende a dificultar los desahucios y a limitar la subida de alquileres, como pasa ahora dentro de lo que se definen zonas tensionadas. Todos estos parches buscan trasladar a los propietarios privados lo que debería hacer el Estado, pero acaban retrayendo la inversión y agravando el déficit de oferta.
El problema está en un sistema político-administrativo que no actúa con perspectiva a largo plazo y cada vez es más grande e ineficiente. La crisis de la vivienda es la mejor prueba.