Cuando empecé a analizar nuestro mercado de trabajo, a principios de los 70, llegué a la conclusión que los españoles aspiraban a una renta perpetua. Esto pasa en todas partes, pero aquí era muy evidente. La clase histórica dominante eran nobles terratenientes que vivían de rentas y hay una tradición católica que dificulta hablar de dinero, mejor que caiga del cielo. La Iglesia fue el mayor rentista propietario de tierras.
La situación económica actual, cargada de incertidumbres y con muchos jóvenes mendigando trabajo y vivienda dignos, refuerza el interés por hacerse funcionario. Pero el aumento de funcionarios, salvo en servicios concretos, no mejora la gestión del Estado y tiende a generar castas que defienden sus intereses. En una entrada reciente explicaba el caso del Banco de España, habitado por la casta mejor pagada, que no disminuye, a pesar de haberse trasladado a Frankfurt la política monetaria y la emisión de moneda, y de que queda un número muy inferior de entidades financieras a supervisar. Sus excepcionales condiciones laborales se soportan con la parte que corresponde a España del negocio de emitir billetes de euros. De ahí viene su insistencia en promocionar un medio de pago, necesario sólo para delincuencia y evasión, y afectado de desgaste tecnológico en su uso legal.
El aumento del funcionariado tiende a provocar más problemas de los que soluciona, salvo en servicios concretos. Explica que el Estado, siendo cada vez más grande, resulte menos eficaz, como manifiestan graves tensiones actuales: falta de vivienda, excesivas bajas laborales, colapso de los juzgados… El número de empleados públicos no para de crecer, un 21% en la última década, a pesar de la cita previa, la firma digital, la realización de muchas gestiones por internet, la creciente capacidad de automatizar procesos gracias a la Inteligencia Artificial, que ya cuenta con su propio grupo de expertos en el Estado, sin que, por ahora, se note su trabajo en la disminución de una plantilla creciente y feliz
El servicio de estudios del Banco de España nos proporcionó en 2024 la mejor muestra del poder funcionarial español, revelando que los empleados públicos ganan de media un 24% más que los trabajadores del sector privado, una diferencia que coloca al país a la cabeza de la eurozona, solo por detrás del pequeño y especial Luxemburgo. Mientras la media europea de diferencia salarial entre ambos sectores se sitúa en un 8%, en España la brecha triplica esa cifra. La cosa va a peor, con ayuda de la vicepresidencia “sindical” de Yolanda Díaz. Este año la subida salarial a los funcionarios de la Administración Central ha sido aparentemente razonable, un 2%. Si no tomamos en cuenta que, desde hace un mes, trabajan 35 horas semanales, en lugar de las 37,5 de antes. En términos de retribución por hora trabajada, su subida salarial real ha sido del 8,66%. Están felices, ganan mucho, trabajan poco y tienen una renta garantizada de por vida. Son además una referencia para la negociación de las condiciones laborales de las administraciones locales y autonómicas, por la vieja táctica sindical de igualar hacia arriba. Lo vimos hace poco con las manifestaciones de policías nacionales y guardias civiles que quieren ganar lo mismo que los de alguna comunidad autónoma con mejores condiciones.
Mi ensayo trata el tema en su primer capítulo: El poder del aparato. Las castas burocráticas tienden a estar afectadas, cuanto más grandes más, por una enfermedad (mediocridad invasiva) que allí explico. Y tienen capacidad de veto de reformas que no les gustan. Por eso seguimos con sistemas territoriales teóricamente incompatibles: provincias (modelo francés) y autonomías (modelo alemán). Por eso mantenemos un banco emisor de moneda cuando ya no la emitimos. Por eso no somos capaces de reducir radicalmente la planta municipal que responde a necesidades de hace dos siglos. Por eso la automatización de procesos se nota menos en el sector público que en el privado. Por eso el déficit público no cesa de crecer a pesar de las advertencias de Bruselas y del aumento de la recaudación fiscal (+ 10,4% en 2025) por el menor uso de billetes y la mayor presión impositiva…
El creciente bloqueo de los cambios en los Estados democráticos es su gran problema hoy porque impide su adaptación y mejora. Como consecuencia, crecen las opciones totalitarias.