Se sigue hablando de la crisis bancaria posterior al estallido de la gran burbuja inmobiliaria. Hace unos días nos anunciaban que éramos el primer país europeo que había alcanzado el 75% de devolución de los fondos MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), creados por la UE para ayudar a superar aquello, por lo cual salíamos de la supervisión de los “hombres de negro” de Bruselas. Unas semanas antes también recordábamos que fuimos, con diferencia, el país europeo que más fondos necesitó para limpiar su sistema financiero. Deberíamos tomar conciencia de lo que pasó entonces y del gigantesco coste que tuvo. Eurostat publica, cada semestre, el impacto de la debacle en los países europeos. Según el último dato entregado, España encabeza la clasificación con una pérdida de 72.655 millones de euros de dinero público, Alemania es la segunda con “sólo” 52.927, cuando su PIB casi triplica el nuestro.
El agujero podrá verse aumentado al liquidarse el banco malo (Sareb) que se creó para gestionar los activos intervenidos. El proceso está a punto de comenzar y la Sareb presenta un patrimonio neto negativo de 16.463 millones, que pueden ser mitigados por la revalorización de sus inmuebles, estimada en unos 7.569 millones. Miembros del gobierno del PP que la creó (Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos), repetían entonces que la solución no costaría un solo euro a los contribuyentes.
El agujero negro estaba en las cajas de ahorros. Fue una “crisis cajaria” el origen del mayor rescate público de nuestra historia. De un volumen algo superior a todo lo invertido hasta ahora en la red AVE, un historico esfuerzo inversor en infraestructuras que también tiene sus problemas. Los bancos que sufrieron daños graves por el estallido de la burbuja inmobiliaria fueron absorbidos y liquidados por otros, sus pérdidas hubieron de asumirlas los accionistas, que nunca recuperarán gran parte o todo lo invertido, y el fondo de garantía de depósitos creado con tal fin mediante aportaciones de las entidades. No necesitaron dinero público.
En este país, poco entrenado a hablar de dinero, lo fácil es echar las culpas a los banqueros, cuando los responsables fueron los “cajeros”, con mucha influencia de políticos. Destaca Rodrigo Rato, que fue ministro de economía y vicepresidente de los gobiernos de José María Aznar entre 1996 y 2004. Luego presidió Caja Madrid y después Bankia, producto de la fusión de la entidad madrileña con la gran caja valenciana, Bancaja, y otras menores. Rato acabó en la cárcel por aprovecharse del cargo y por evasiones fiscales. Según informe de un técnico del Banco de España, Bankia sería responsable de más de la mitad del coste total que supuso para los españoles liquidar las cajas. El eje de poder político corrupto Madrid-Valencia funcionó a tope en años de alegría financiera e infló la burbuja.
Las pocas cajas de ahorro que subsistieron por estar mejor gestionadas son ahora bancos con mayor o menor participación de fundaciones de interés social. Es lo que siempre debieron ser. La raíz del desastre que protagonizaron está en la Ley de Reforma de las Cajas de Ahorro de 1977, impulsada por Enrique Fuentes Quintana, prestigioso profesor y breve vicepresidente económico del gobierno de Adolfo Suárez en años de la Transición que ahora celebramos, cuando había que cambiar muchas cosas. Las cajas de ahorro, de diversos orígenes y formas de gobierno, una especie de asociaciones de ámbito local, comarcal, provincial o regional, necesitaban ser mejor reguladas. Pero el catedrático de Hacienda y Vicepresidente, cuyo magnífico manual de Derecho Fiscal hemos estudiado muchos, cometió un gravísimo error: dejó a las cajas libres, pero sin accionistas. No eran de nadie, vivían en un éter, sus beneficios iban a fines sociales, ancla de la buena imagen que tenían.
En un sector tan propenso a las crisis, se da libertad de actuación a entidades financieras sin dueños, no eran privadas ni públicas, cuyos consejos de administración empezaron a ser invadidos por personas vinculadas a la política y los sindicatos, y otras próximas al director general de cada una, que intentaba tener de su mano el órgano que, en teoría, lo supervisaba. Advertí entonces que aquello iba a costar mucho, no tenía sentido. Los usufructuarios del poder de las cajas, sin arriesgar su dinero, cobraban buenas dietas y vivían bien. He presenciado como una caja de ahorros celebraba un consejo de administración en un hotel de lujo, al borde del Gran Canal, durante el carnaval de Venecia.
La banca pública tiende a ser poco eficiente, salvo si se limita a ser un instrumento de financiación del gobierno, pero al menos se sabe de quién es, cosa que no pasaba con las cajas de ahorro, un error incompresible en un sistema económico de mercado. Como contraste, siguen existiendo cajas rurales. Son cooperativas, tienen dueños que se preocupan por ellas y no tienden a hacer tonterías.
El asunto deberá ser analizado a fondo por los historiadores, para ellos va este artículo de fin de año. Para que entiendan lo que pasó, porque los que olvidan su historia están condenados a repetirla, conocida máxima del filósofo español George Santayana, que fue catedrático de Harvard. También les ayudará a entender cómo funcionamos los españoles, a ser conscientes de que el enorme agujero que dejaron las cajas se pudo pagar por la buena salud de la nuestra Hacienda Pública gracias a que somos una vanguardia en el empleo de medios de pago electrónicos (tarjetas, bizum), que están aflorando la economía sumergida y permiten presumir al Gobierno de lo bien que va nuestra economía, incluida la recaudación de impuestos.
