En mi libro se resalta la necesidad de reducir el dominio de las grandes empresas en el planeta internet, lo que en el blog he llamado Zuc-ker-berg, por la recomendación de dividir Facebook en tres. Lo comenté el día 12, cuando se conoció la demanda presentada contra esta empresa por la Comisión Federal de Comercio de los EEUU. Ahora es la UE la que ha expuesto las medidas que quiere tomar para impedir prácticas monopolísticas, no sólo de Facebook, también de Google, Amazon o Apple.
Es coherente que Europa intente frenar abusos por situaciones de dominio comercial. Primero porque está en sus principios fundacionales y, en un plano más práctico, porque bloquea la aparición de nuevos competidores que den alternativas a los usuarios, entre los que espera que haya más presencia de empresas europeas. Nuestro continente no quiere quedarse atrás en un espacio tecnológico fundamental.
En una escala doméstica y muy minoritaria, quiero resaltar una propuesta relevante para que no pase totalmente desapercibida. En medio de las peleas que se están produciendo en el Congreso (presupuestos, educación, eutanasia, …), entre gritos y descalificaciones se escuchó una nota positiva proveniente del único diputado del Partido Regionalista Cántabro (PRC). Vino a cuento de la renovación del Consejo del Poder Judicial, un organismo en funciones con su mandato caducado desde hace dos años.
En la tensa situación política actual, el predominio de la línea más conservadora en los principales estamentos judiciales, incentiva la judicialización de muchas decisiones del legislativo y del ejecutivo, fomentada por la oposición con la esperanza de tumbarlas en los tribunales.
Hay demasiada política en las salas de justicia. Lo acabamos de ver en la decisión del Tribunal Supremo que, después de un largo silencio y a petición de VOX, decide repetir el juicio oral del caso Bateragune contra Arnaldo Otegui y otros cuatro dirigentes de la extinta Batasuna, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que no había sido imparcial. Faltaría más, no estamos dispuestos a tolerar que instancias extrajeras nos sonrojen. Eso debieron pensar.
Ante el persistente bloqueo a la renovación del CGPJ, el diputado del PRC, José María Mazón, propuso una idea ya adelantada en mi libro, que desarrollé en el blog el 17/10. El procedimiento se podría incluir en una futura reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y consistiría en mantener la mayoría cualificada, que además nos exige la UE, para los nombramientos de cargos en ese órgano, pero, al mismo tiempo, se daría un plazo límite de un mes para llegar al acuerdo entre las principales fuerzas. Pasado el plazo, la elección se haría, mediante sorteo, entre candidatos propuestos por los grupos parlamentarios en número proporcional a su peso en la cámara. Es un sistema que respeta el mandato popular, a la vez que introduce una segunda vuelta que no puede ser controlada por los políticos, lo que debería facilitar los consensos y el fin de bloqueos interesados en órganos con importantes funciones constitucionales.
El sr. Mazón se quedó sólo en su propuesta. Espero que, con el tiempo, convenza a otros, especialmente en esa variada periferia norte de la que forma parte, que ahora tiene más peso político y puede emplearlo para modernizar el Estado. Mi apoyo a una propuesta que quizá conocieron en este blog.