Los partidos de derechas, el núcleo de un nacionalismo español muy madrileño, se reunieron en la Plaza de Colón de la capital para protestar contra los indultos que el Gobierno quiere conceder a los políticos catalanes encarcelados como consecuencia de los excesos del procés. Las concentraciones populares, en el clima de tensión que atraviesa la política española, son una buena ocasión para observar las fuerzas que mueven las visiones enfrentadas de España.
Una política tan popular como la Presidenta de Madrid, crecida por el apoyo recibido en las últimas elecciones y que tiende a decir lo que piensa, metió al Jefe del Estado en su pelea: “reivindicamos la soberanía y también el papel del Rey ¿Va a firmar estos indultos? ¿Lo van a hacer cómplice?”. Tras ser corregida por Pablo Casado en lo que se consideró una imprudencia, Ayuso matizó sus palabras. Pero rectificar no entra en su manual de estilo, ayer volvía a insistir en la “humillación” que la aludida firma suponía para el monarca, añadiendo que Casado piensa lo mismo que ella, en lo que debe tener razón.
Sus contrarios, los partidos nacionalistas catalanes, tampoco desperdician ocasión de provocar. Hoy mismo está previsto que el Rey presida la apertura de unas jornadas del Círculo de Economía de Barcelona y hay tensiones en el gobierno de la Generalitat, recién constituido, para decidir quien asistirá a la cena que se le ofrece. Una prueba más de las discrepancias entre las principales fuerzas nacionalistas, consecuentes siempre con el lío al que han llevado el panorama político de Cataluña.
Pero no quiero entrar en detalles de lo que ocurre, sobradamente recogido y comentado en los medios. Me interesa, en primer lugar, presenciar los cambios, la evolución de lo que llamo nacionalismo madrileño, un sentimiento del que Isabel Díaz Ayuso es una gran intérprete y, por eso, su visión resulta esclarecedora. Son muy relevantes los aspectos institucionales que se tocan, en este caso la monarquía. Mi libro se detiene mucho en las formas en que nos organizamos y las consecuencias que tienen.
La Constitución fue probablemente lo mejor que se pudo hacer en un tiempo donde aún pesaba la amarga experiencia de la larga dictadura militar. Ahora es una especie de libro sagrado que no se debe tocar. Una de las características de las sociedades actuales, lo resalto en el ensayo, es que están muy bloqueadas en el plano institucional y les cuesta cambiar. Los diversos agentes sociales que tienen poder encuentran con facilidad sistemas de bloqueo de los cambios que no les gustan.
Es lo que busca la versión más madrileña del nacionalismo español cuando se manifiesta en Colón para defender su modelo de patria, que se basa en que es bueno para España lo que lo es para su capital, básicamente acumular toda la capacidad de decisión posible para garantizar su crecimiento e influencia. Usan todo lo que tienen y piensan que les pertenece: Gobierno, Parlamento, Supremo, Constitucional, medios de comunicación y, si hace falta, al propio monarca. Hacen rehén de su villa y corte a la última instancia que asegura el statu quo que les gusta.
La Constitución que tenemos ayuda a promover esta visión de la política y la Administración del Estado. Una de sus peculiaridades reside en que no sólo recoge el modelo monárquico recuperado, otra vez, por los militares, también le da al Rey (artículo 62, h) “El mando supremo de las Fuerzas Armadas”. Hay que resaltar que este apartado abarca incluso un cuerpo de policía, la Guardia Civil, que está concebida desde su origen como una fuerza militar de ocupación del territorio. Son peculiaridades muy españolas heredadas de un pasado difícil. La gran musa de la derecha es consciente de lo que hay detrás de sus manifestaciones: usar todos los medios para seguir acaparando.
Se pueden retorcer los argumentos, tratar de desviar la atención de lo sustancial yéndose por las ramas y deteniéndose en las anécdotas, con relatos más o menos hábilmente tejidos, pero la realidad es la que es. Hay unos hechos indubitados, unos “responsables” de los mismos que han sido juzgados “con todas las de la Ley” (unos) y huidos de la Justicia otros. Se han dictado las correspondientes sentencias y aplicado más que generosamente beneficios penitenciarios.
Puestos a contemplar la posibilidad de indultos, que deben ser valorados de forma individual y no parece que hayan sido solicitados, no se muestra arrepentimiento y propósito de enmienda, si no que, expresamente, se proclama todo lo contrario.
Distintas personalidades de reconocido prestigio político y social muestran su razonado rechazo a la medida y la opinión pública, muy mayoritariamente me atrevería decir, también, hasta el punto de producirse alarma social ante el presumible desacato, que el Tribunal Supremo condena y hasta la Fiscalía desaconseja. Este es el “tablero” de referencia. Traer a colación lo que dijo o dejó de decir Isabel Ayuso, a Casado, al Rey, al franquismo, la Administración del Estado, las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil… (en este caso, curiosamente, no se cita a la Iglesia Católica) para de algún modo pronunciarse a favor de las pretendidas medidas de gracia, más bien parece una “gracia”.
Creo que todos, o casi todos, estaríamos de acuerdo con los indultos y hasta, llegado el caso, con la amnistía, si se diesen las circunstancias que hiciesen presumible, al menos, que el permanente estado de insumisión en que (no Cataluña, si no una parte no mayoritaria de catalanes) y los impresentables hechos malversadores y sediciosos acontecidos, pasasen a formar parte de una historia y una histeria que no volvería a repetirse. En otro caso, al sentido común, no a la “Villa y Corte”, se presentan como inaceptables
La Constitución es la legalidad, de acuerdo y hay que respetarla. Pero tiene demasiada herencia del Régimen anterior y los afectos a esa forma de ver el país cuentan con mucho peso en los tribunales que tienen que aplicarla. El marco jurídico no es física, casi siempre responde a determinada relación de poderes y puede ser cambiado o «afinado» vía reinterpretación judicial, por eso hay tantas peleas políticas en la renovación de los más elevados jueces (aquí, en EEUU y en todas partes). Los indultos son discutibles pero legales, aunque es posible que se intente judicializar también esto. El sentido común está muy contaminado por los intereses de una Villa y Corte que vive de los demás y quiere seguir así o mejorando.