He expuesto aquí (21/4) que la renta mínima, que apoyo como medida social, no debería implantarse hasta situar la economía sumergida bastante por debajo del 10% del PIB, estamos en torno al 20%. Si se hace antes, el primer gran riesgo es que se refuerce esa economía informal, incluida la delictiva, al darle un paracaídas a muchos de sus agentes, que oficialmente tienen escasos ingresos. Procuren ser muy rigurosos en la selección y control de beneficiarios. Si se hace bien la implantación, se puede conseguir que algunos se animen a aflorar parte de su actividad, caso de que puedan hacerlo legalmente. Pero desconfío de que este efecto sea relevante, dada la excesiva dimensión de esa parte oculta de la actividad y lo difícil que es controlarla mientras haya dinero efectivo
El segundo gran problema es que va a suponer un gasto directo de 3.000 millones anuales, no dispongo de estimación del gasto administrativo adicional que acarreará el sistema. Entramos en una época en que el déficit público se va a disparar y necesitamos ayuda exterior. Quizá por ello, la vicepresidenta Calviño no mencionó este gasto en la revisión del Plan Presupuestario que remitió a Bruselas hace pocos días. Porque la renta mínima obstaculizará la llegada de apoyos europeos en las cantidades que necesitamos.
Lo normal, cuando el Estado decide implantar un nuevo servicio social de forma permanente, sería que pensara en ahorrar costes innecesarios para compensar el gasto. De eso nunca se habla, aunque tenemos cantidad de sitios donde hacerlo. Estos días me he referido a las provincias, que resultan una estructura redundante de manual y cuya supresión daría para pagar varias rentas mínimas. Así se explica que el gasto publico amenace con situarse por encima del 50% de nuestro PIB, un nivel impensable hasta ahora, que tenderá a bloquear el funcionamiento del país, aunque no parezca importarles
Como no van a reducir gastos porque no quieren, la propuesta de financiación del nuevo programa pasa por subir impuestos. En este caso, el impuesto del patrimonio. Lo que no tiene sentido es que hablen de una tasa transitoria para financiar una prestación social permanente. Aunque se puede emplear el discurso, siempre popular en países católicos, de retirar dinero a los ricos para dárselo a los pobres, se trata de que los que ya pagan impuestos paguen más para pasarles una renta mínima a muchos que nunca pagan nada. Suena mal. Como la situación de las finanzas públicas va a quedar en muy mal estado, la tasa tenderá a ser permanente e incentivará la ingeniería fiscal y la evasión de capitales de los que tienen más patrimonio.
Deberían atreverse a combatir de verdad esa ingeniería fiscal al servicio de los muy ricos. Sólo depende de ustedes, por ejemplo, poner límites a las rebajas impositivas al propio impuesto del patrimonio o al de sucesiones que realizan algunas CCAA, especialmente la que más se beneficia del Estado. Empiecen por ahí y luego presionen en la UE para terminar con la excesiva competencia fiscal de algunos miembros y tomar medidas conjuntas para ahogar a los paraísos fiscales. La negociación de salida del Reino Unido es una buena ocasión para cortarle las alas a Gibraltar. Por último, deben pensar en cómo ir eliminando el efectivo, aunque eso dañe a los votantes de la economía informal.
El libro que sirve de base a este blog dedica bastante espacio al principal problema de la sociedad actual, la enorme desigualdad social, y propone medidas para combatirla. También explica que hay que evitar que las políticas fiscales debiliten las clases medias y provoquen una radicalización política que no conduce a nada bueno. Si por razones ideológicas y programáticas implantan una renta mínima, antes de que España esté preparada para ello, sepan que comprometen gravemente la sostenibilidad del Estado de bienestar y la credibilidad internacional del país.
Nadie con un mínimo de sensibilidad puede estar en contra de medidas de carácter social orientadas a proteger las necesidades básicas de los más desfavorecidos. Además de ser necesario «suena bien» (no se si a eso se refiere la foto del encabezamiento) y tal mensaje forma parte de las proclamas ideológicas, más que otra cosa, de las hoy «fuerzas dominantes» que pretenden dirigir España, aunque no se sepa muy bien hacia donde…
También, como no podría ser de otro modo dado lo elemental del objetivo, otros buscan lo mismo sin que por más que se diga los resultados prácticos desmerezcan respecto a los primeros. No es cosa menor. Está, o debería estar, en la esencia de la política y también de la economía, en como hacer posible lo necesario y en la manera de hacer lo necesario sostenible. Ésa es la cuestión.
La diferencia entre la medicina y el veneno radica en la dosis, en la oportunidad de su administración y en el conocimiento de las incompatibilidades. Es imprescindible tenerlo bien en cuenta.
Enrique Sáez, como recuerda en esta entrada, reprodujo en el blog, el 21/04, un artículo de su autoría publicado en el diario Cinco Días.
Se refería en él a este relevante asunto y yo me permití aportar entonces un comentario mostrando mi proximidad a su planteamiento, pero también matices y observaciones al mismo.
Como ahí están, si alguien quisiera verlas, no entretengo más al posible lector. A su contenido le remito.