La implantación de una renta mínima es una conquista del Estado democrático. Es difícil negar su necesidad en un momento en que la pobreza se ha disparado. Dicho lo cual, por favor, vigilen la implantación porque “Dios está en los detalles”, que decía el gran arquitecto Mies Van der Rohe.
Lo he comentado en otras entradas, España tiene una gran economía informal, que no tributa y que es muy difícil de detectar. Si fuera fácil, la inspección tributaria la hubiera aflorado hace mucho y dispone de más medios que la inspección de trabajo o de la seguridad social. A pesar de las prevenciones, incluidas sanciones, que contiene la norma para tratar de evitarlo, habrá personas que accederán a esta prestación, soportada por los que pagan impuestos, mientras operan en la economía sumergida. Para lo cual cuentan con la inestimable ayuda del dinero efectivo que el propio Estado facilita. Un tema también tratado aquí y sobre el que volveré, porque el momento es bueno para hablar de él.
Desconfío de la eficacia de los sistemas burocráticos, por eso me preocupan esos casos de personas que reciban la ayuda recién creada y a la vez ingresos en dinero negro; también el de los que son capaces de acumular varias de las prestaciones existentes por descoordinación de la Administración. Lo digo como firme partidario de la renta mínima, no debemos arriesgarnos a desprestigiar un instrumento, imprescindible en una sociedad avanzada, que debe permanecer en el tiempo.
En ocasiones anteriores, en este blog, se trató por su titular y se incorporaron otros comentarios sobre este muy importante asunto.
Se reflexionó sobre sus fortalezas y debilidades, sobre las oportunidades que conlleva y los riesgos que comporta. En mi opinión lo dicho entonces era válido para antes de y lo es después de que la transcendente medida ya se ha consumado.
Ayudas puntuales, transitorias, para subvenir necesidades perentorias sobrevenidas con motivo de la pandemia, como lo hubiese sido ante otras catástrofes, serían absolutamente incuestionables, pero la permanencia, universalidad y otras características del derecho que se reconoce parece precipitado porque, independientemente del costo que representa, puede favorecer la aceptación de la dependencia y desincentivar la búsqueda proactiva de otras soluciones, con las servidumbres que ello comporta, riesgos que a nadie se le ocultan. Respecto a esto último ¿ no contribuiría a salvaguardar algunos de dichos riesgos la posibilidad de condicionar las ayudas, cuando no haya incapacidades que lo impidan, a algún tipo de contraprestaciones por parte de los beneficiarios ? .
La ley ya prevé obligaciones, condiciones y sanciones a incumplimientos o fraudes. El problema está en poder controlarlo.
La verdad es que no conozco al completo la literalidad de la Ley, pero además del «control», cuya rigurosa necesidad es obvia, cuando hablo de posibles contraprestaciones sociales por parte de aquellos beneficiarios que no estén incapacitados, me refiero a que debe evitarse, en lo posible, pagar por no hacer nada. Creo que beneficiaria a la sociedad y al propio perceptor.