Hedores de cloacas patrióticas

Todos los Estados tienen cuerpos de seguridad que trabajan con discreción para conocer lo que traman personas o grupos, casi siempre de base terrorista y/o financiados por países extranjeros, que son potencialmente peligrosos para la seguridad del propio Estado. La razón práctica aconseja que estos organismos puedan traspasar algunos límites de la ley para realizar su tarea. El problema surge cuando la combinación de secreto y autorización para actividades no permitidas a la policía normal lleva a esos servicios a adquirir autonomía y atentar contra derechos de ciudadanos no gratos para ellos o los políticos que los dirigen. Llegando incluso al asesinato de personas consideradas espías o terroristas.

En estos 45 años de democracia en España tenemos ejemplos conocidos de este proceder. El peor fueron los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), que combatieron el terror de ETA con el terror de un grupo dirigido por altos mandos policiales. Cometieron 27 asesinatos entre 1983 y 1987 con algún error que afectó a personas no vinculadas a ETA. Se trataba de hacer inseguro para la organización terrorista el “santuario francés”. Ocurrió durante los dos primeros gobiernos de Felipe González. El ministro, José Barrionuevo, y el secretario de Interior, Rafael Vera, fueron condenados por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano confundido con el etarra Mikel Lujúa. El primer gobierno de José María Aznar se apresuró a indultar a ambos, aunque el PP había exigido antes que se investigase la trama y se castigase a los responsables.

ETA entró en decadencia, hasta desaparecer, y empezaba a preocupar el ascenso de ideas independentistas en Cataluña. Se monta una policía «patriótica» que empieza investigando diversos chanchullos de políticos catalanes, como los de Jordi Pujol y su familia, con objeto de debilitar la credibilidad del catalanismo. Una vez más, el tinglado empezó a tener vida propia y surge la tentación de usarlo para otros fines. Ocurrió al parecer con la Operación Kitchen, aún pendiente de resolución judicial, cuando la organización informal, durante el mandato de Mariano Rajoy, se empleó para recuperar los papeles de Luis Bárcenas, gerente y luego tesorero del PP, que recogían presuntas operaciones en B de financiación del partido y pagos a dirigentes. 

La llegada del PSOE al gobierno intentó desmontar la policía patriótica. Un miembro destacado de ella era el comisario Villarejo, ahora procesado, que también vendía a terceros las informaciones que obtenía. Se apartó de su cargo al anterior director adjunto operativo de la policía nacional, Eugenio Pino, no sin que, antes de ser cesado, el ministro Grande Marlasca le concediera, por vía de urgencia, la Medalla de Plata del Mérito Policial, que lleva acarreada una gratificación anual vitalicia de 3.000 euros.

Pero seguimos con Cataluña y el procés y nos acabamos de enterar de que los teléfonos móviles de algunos políticos catalanes independentistas han sido espiados en los últimos años con el programa Pegasus de fabricación israelí y uso exclusivo para los gobiernos. Comprendo que los políticos afectados estén muy molestos y pidan dimisiones, aunque, según parece, todo se hizo de forma legal, con autorización del Supremo.

Estamos asistiendo a un debate sobre el tema, sesgado por cuestiones de principios y lecturas estrictas de la Constitución. Es verdad que los dirigentes catalanes afectados han aprovechado el escándalo para armar una buena bronca y se les descalifica por su tendencia a sobreactuar. Pero tienen razón, por mucho que existan procedimiento establecidos, el espiar desde el Gobierno a políticos de la oposición que defienden posturas radicales no violentas descalifica la sanidad de nuestra democracia. Es legítimo promover la independencia, siempre que se respete el marco legal y, si no es así, se acude a los tribunales. Esto no es el Reino Unido, que permitió un referéndum sobre la separación de Escocia. Aquí tenemos menos respeto por las reglas, tanto unos como otros.

Los GAL, un instrumento del Estado para matar terroristas sin juicio previo, en un país que había suprimido la pena de muerte, sirvieron para justificar a ETA ante algunos y ayudaron a que aguantara unos años más. El espionaje de personas elegidas por los ciudadanos para un cargo público es una violación de las normas habituales de un estado de derecho y reforzará, con razón, el victimismo de los espiados. Debería rodar alguna cabeza, si queremos que nuestro sistema democrático se libre de los excesos de las cloacas, puestas al servicio de los políticos. Aunque ya hay llamadas abundantes a aplicar la santa absolución. Un privilegio habitual para los que se sobrepasan desde los espacios secretos.