El Congreso aprueba la creación de un reglamento para sancionar a los morosos.

Es una noticia importantísima, aunque parecía perdida en la información de prensa sobre el pleno del Congreso de los Diputados que, la semana pasada, aprobó  el documento de bases económicas, acordado por la Comisión para la Reactivación Social y Económica. El interés de los medios se centró más en qué partidos políticos apoyaron unas u otras propuestas.

Un reglamento que penalice a los que no cumplen los plazos máximos de pago entre empresas, establecidos en la Ley de Morosidad de 2010, es fundamental para que esa norma sea efectiva. La Comisión incluyó la medida a raíz de una propuesta que le hizo la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM), que agrupa a casi un millón de pymes y autónomos que cuentan con más d 4,5 millones de trabajadores. Gente que lo pasa muy mal y a veces se ve obligada a cerrar por no poder soportar las deudas de sus clientes.

Según estimación de la PMCM, de cumplirse lo que dice la ley en vigor, sólo las empresas cotizadas en Bolsa pagarían 122.000 millones de euros a sus decenas de miles de proveedores. Ellas no deberían tener problemas de acceso al crédito y , si algunas lo tienen, pues que acudan a la financiación del ICO, que para eso está. La implantación del régimen sancionador mejorará inmediatamente la salud financiera de todo nuestro ejército de pequeñas y medianas unidades de producción.

Eso sí que ayudará a superar la crisis, el argumento fundamental que esgrime la PMCM ahora. Tenemos los plazos medios de pago más largos de toda la UE y la propia Comisión Europea nos recomienda establecer un sistema de multas para los malos pagadores, como ya tienen otros países.

Pero hay efectos aún más importantes a largo plazo de una mejora sustancial de los hábitos de pago: se aumentará automáticamente el peso del sector industrial y el gasto privado en investigación. Cosas que necesitamos mucho si queremos que nuestra situación cambie. La mejor estructura financiera permitirá a muchas pymes modificar su política de inversión, prisionera ahora del capital circulante, para apostar por los activos fijos, como instalaciones más eficaces y programas de mejora competitiva.

La implantación final de la medida aún exigirá presión por parte de la PMCM, porque el poder de los “morrosos” -como les llama Antoni Cañete, presidente de esta plataforma- es muy grande. Tienen mucha influencia en la organización patronal, con peso importante del sector construcción y algún gran distribuidor, que no dice ni mu sobre algo que beneficia a la mayoría de las empresas. El PP, que se opuso a la parte económica de las medidas propuestas por la Comisión del Congreso, no se preocupó, en los años de Presidencia de Mariano Rajoy, de aprobar el reglamento que ahora piden el Congreso y la UE.

El sector bancario también está cómodo con plazos excesivos porque financiar circulante es quizá su mejor negocio. Fíjense en la foto que encabeza esta entrada, esa propuesta que hace uno de los principales bancos españoles a una empresa para cobrar ahora tres facturas de junio que el cliente va a pagar a finales de febrero del 21, en un país en que la ley prohíbe expresamente pagar a más de 60 días. Observen las condiciones que ofrece la entidad: un interés 6 puntos por encima del Euribor, más comisión de un cuarto de punto.

La batalla por esta mejora sustancial de nuestra salud económica está bien encauzada, pero no se ganará hasta que las sanciones a los malos pagadores estén operativas. Mientras tanto, estos seguirán maniobrando para mantenernos en el atraso. De entrada, están consiguiendo que los medios sigan prácticamente sin hablar de un asunto trascendental para España. Por eso, este modesto blog volverá sobre ello, como ya hizo en alguna otra ocasión. Espero que la próxima vez sea, por fin, para celebrar la entrada en vigor de las multas a morrosos.